Compartir

Copenhagen 1973

Adam Majó sitúa la Declaración sobre la Identidad Europea de 1973 como punto de partida para llevar a cabo las reformas necesarias de la Unión.

Oficina de Drets Civils i Polítics
09/05/2021

Pronto se cumplirá medio siglo, los jefes de gobierno y ministros de exteriores de los seis países que ya hacía unos años que formaban parte de la Comunidad Económica Europea (Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo) más los tres que aquel mismo año se habían incorporado (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) celebraron un encuentro en la ciudad de la Sirenita. Cuatro socialdemócratas, liderados por el mítico Willy Brandt, tres demócrata-cristianos, un gaullista y un conservador británico de la era pre-Thatcher. Dieciocho hombres y ninguna mujer, con el recuerdo del fascismo y la guerra que vivieron de jóvenes muy presente, y el de las revueltas de 1968 que vivieron ya como adultos y con responsabilidades políticas, todavía más. Aparte de celebrar que la familia comunitaria crecía y de ratificar tratados y protocolos sectoriales, en la cumbre se firmó y presentó un documento especialmente ambicioso e innovador que pretendía definir conceptualmente el proceso de integración europea a medio y largo plazo y que decidieron titular directamente Declaración sobre la Identidad Europea. El texto, leído hoy, sorprende tanto por su ambición y vigencia como por la orientación ideológica abiertamente progresista que refleja los corriente de pensamiento dominante en aquellos años anteriores a la revolución conservadora. Se trata de un contra-modelo a recuperar y reivindicar, un borrador de aquello que hubiera podido ser y finalmente no fue -¡pero que todavía puede llegar a ser!- la Unión Europea.

De entrada, la declaración afirma que la construcción europea tiene que estar al servicio del ser humano y tiene que basarse en cuatro valores irrenunciables: la democracia representativa, la justicia social –finalidad del progreso económico- (¡textual!), el estado de derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No era socialismo, de acuerdo, pero no quedaba tan lejos.

En política el discurso nunca es gratuito, porque refleja un determinado punto de vista y construye un marco mental que allana el camino por la acción efectiva

Habla también y sin tapujos de proceso de unificación (!), de la necesidad de que Europa hable con una sola voz y de no crear una Europa cerrada en ella misma sino abierta al mundo y dispuesta a ejercer una influencia exterior positiva en beneficio de todo el mundo. Menciona la diversidad de culturas, una civilización europea común (sin entrar en más detalle) y una misma concepción de la vida (sin especificar tampoco a qué se refieren). Aún así, no hay ni una sola referencia al cristianismo o al hecho religioso a la vez de connotar esta identidad, en un enfoque eminentemente laico y de base republicana del hecho europeo.

En un contexto de guerra fría y con la justificada psicosis de una posible nueva y devastadora guerra mundial, los firmantes no reniegan de la relación con los Estados Unidos y de la protección nuclear que esta alianza les proporciona, pero expresan al mismo tiempo su voluntad de constituirse como un polo de cooperación y diálogo entre todas las naciones y áreas del mundo y se comprometen a mantener posiciones comunes en materia de política internacional basadas en los principios y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de aquí expresan explícitamente la necesidad de mejorar y hacer más estrechas las relaciones con la Europa del este y la URSS (en la línea de la Ostpolitik alemana), con China y Japón, con América Latina o con el Mediterráneo y África, con una clara voluntad de superar el enfrentamiento político, militar, comercial y cultural Este-Oeste. Proclaman la necesidad de intensificar la ayuda al desarrollo, de reforzar la cooperación internacional con este objetivo y de contribuir al progreso global mediante posiciones comunes en las organizaciones internacionales y especialmente, de nuevo, a la Organización de las Naciones Unidas.

En términos más actuales: democracia, estado del bienestar, diversidad, cooperación y multilateralismo. Faltaría, eso sí, referencias explícitas a la sostenibilidad medioambiental, al feminismo o al antirracismo, a pesar de que el compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya apuntaría en esta dirección.

Podéis pensar que todo ello eran buenas palabras y que se trataba solo de una declaración sin consecuencias prácticas, pero en política el discurso nunca es gratuito, porque refleja un determinado punto de vista y construye un marco mental que allana el camino por la acción efectiva, por los hechos. Si esto vale en negativo, por la derecha y la extrema derecha y su retórica violenta y discriminatoria, también vale en positivo, por la izquierda y el progreso en sentido amplio. Aquello que en esta declaración se apuntaba, por lo tanto, aquello que imaginaban cuando hablaban de una entonces futura Unión Europea, era bastante más que un club de estados con un mercado común, una moneda y un parlamento que ni siquiera escoge el gobierno. Lo que se dibujaba era un artefacto político muy potente que tenía que permitir, no solo proporcionar niveles nunca vistos de democracia y justicia social a los habitantes de Europa, sino también irradiar estos planteamientos en todo el mundo. Con una visión excesivamente euro-céntrica del planeta y la misma humanidad, ciertamente, pero coherente con el peso económico y político que había tenido y todavía tenía este continente. De hecho, después de siglos de depredación en todo el globo terráqueo, se nos podía y se nos puede exigir a los europeos que dejemos de robar, pero esto no nos libera de la obligación de implicarnos en los problemas de un mundo que hemos contribuido de manera decisiva a construir, con algunas maravillas y muchas y graves injusticias.

Y también es cierto que hay cierta contradicción en basar una supuesta identidad europea en unos valores que se pretenden a la vez ser universales por definición. La identidad, personal o colectiva, singulariza; si se pretende común y general, deja de ser identidad propiamente dicha. En todo caso, más que de un concepto tan escurridizo como la identidad, seguramente habría que hablar de marco ideológico a partir del cual se quiere construir el proyecto. Un marco ideológico –insisto- inequívocamente progresista y -¿por qué no decirlo?- de izquierdas.

Si Europa tiene que tener cada vez más peso en las decisiones estratégicas y en las políticas públicas, los organismos de la Unión tienen que ser mucho más democráticos, representativos y ejecutivos

Como tantas veces pasa en la vida y en la política, las cosas no salen siempre como te esperas y a menudo el futuro se muestra mucho más travieso del que preveías. Aquel mismo año 1973, lo que parecía la enésima escalada de tensión en Oriente Medio acaba aconteciendo la llamada crisis del petróleo que se convierte en una recesión económica de enormes dimensiones y alcance mundial. A continuación, ya lo sabemos: fin de los treinta gloriosos, inflación y paro (estanflación), neoliberalismo, crisis del estado del bienestar y de la socialdemocracia (y del comunismo y la izquierda en general), carrera armamentista, caída del muro de Berlín, aceleración de la globalización, más neoliberalismo y más crisis de la izquierda, unilateralismo, ascenso de China y el Pacífico, las torres gemelas, *securización… En este contexto el proyecto europeo sigue evolucionando y creciendo, pero lo hace en una dirección y con unos parámetros marcadamente diferentes a los dibujados a Copenhagen. Los tratados de Maastricht 1992, Ámsterdam 1997, Niza 2001 y Lisboa 2008 hacen hincapié en el crecimiento cuantitativo y la incorporación de más y más estados (de aquellos nueve hemos pasado a veintiocho, ahora veintisiete ), en la apertura de las economías a la globalización neoliberal, en la ortodoxia monetarista (contención cueste lo que cueste de la inflación y la deuda pública), en el endurecimiento de las fronteras exteriores (y sus crueles consecuencias), en la reducción del sector público y en la preeminencia del Consejo (los estados) por encima del Parlamento (los ciudadanos) y la Comisión (Bruselas, el concepto).

La buena nueva es que cuarenta años más tarde el neoliberalismo parece que -ahora sí- puede tener los días contados, cuánto menos en su forma más salvaje y dogmática. El batacazo del 2008, que volvía a demostrar que los mercados no son ni mucho menos infalibles, y la crisis derivada de la emergencia sanitaria del 2020, que exige un papel activo y abiertamente intervencionista de los poderes públicos, han reventado los corsés ideológicos vigentes durante cuatro décadas. La segunda buena nueva es que incluso el Euro, el Banco Central Europeo y la misma Unión Europea, diseñados durante los años más oscuros del conservadurismo económico, son susceptibles de ser utilizados en la dirección opuesta de cómo estuvieron pensados si hay voluntad y mayorías políticas. Cuándo ha hecho falta, el BCE ha esquivado sus propias limitaciones y ha comprado deuda pública a patadas y la Comisión ha lanzado un fondo de transformación e impulso de la economía que, rompiendo viejos tabúes, se cubrirá de forma mancomunada y con impuestos propios, europeos.

Y no, por supuesto que los Next Generation no son ni la panacea ni la garantía de la transformación ecológica que Europa y el mundo necesitan, y es cierto que en el caso español la ejecución de estos fondos puede acabar favoreciendo las grandes empresas de siempre y reforzando la visión radial y centralista del estado, pero es evidente también que después de años de exigir, desde la izquierda, políticas económicas expansivas y transformadoras, cuando estas por fin llegan no podamos sino aplaudirlas.

La Covid-19, sus consecuencias sociales y económicas y la respuesta que se ha dado desde las administraciones sugieren algunas reflexiones y conclusiones también por lo que respecta al proyecto europeo. De entrada, la evidencia que estados como el español son demasiado grandes para gestionar la atención directa a las personas y el territorio, y a la vez demasiado pequeños para hacer frente a una pandemia de alcance global. Por otro lado, pero ligado a esto mismo, constatar que en la UE hay ámbitos importantes como la salud en que prácticamente no hay directivos, competencias ni estándares comunes. Por último, se ha hecho patente un golpe más que los mecanismos de decisión basados en la consulta a todos y cada uno de los estados y en el consenso a veintisiete resultan no solo poco democráticos –porque ningunean los representantes directamente escogidos por la ciudadanía del Parlamento Europeo- sino también lentos e inoperantes, especialmente en situaciones de emergencia como la que hemos tenido que afrontar. La rapidez e intensidad con que la administración Biden ha hecho frente a la crisis sanitaria y económica contrasta con la dificultad para responder de forma conjunta, coherente y solidaria en los primeros meses de la pandemia, la insuficiencia y diversidad de las ayudas durante los confinamientos y el paso de tortuga con que avanzan los Next Generation, los React y el resto de fondo para reactivar la economía.

Desde una perspectiva pragmática pero también de legitimidad democrática, si Europa tiene que tener cada vez más peso en las decisiones estratégicas y en las políticas públicas, los organismos de la Unión tienen que ser mucho más democráticos, representativos y ejecutivos. Mucho más Parlamento y mucho menos Consejo. El #Sofagate, en definitiva, no es tan solo una imagen repulsivamente machista, sino también la representación de una jerarquía todavía vigente, en la cual los estados son los que mandan y las instituciones europeas tienen un papel subordinado y secundario. Y este orden de cosas es precisamente lo que la pandemia ha demostrado ineficiente y anacrónico.

Este pues es el debate que tenemos sobre la mesa y que no todo el mundo quiere plantear abiertamente. Sin ir más lejos, y coincidiendo con el día de Europa 2021, la Comisión ha puesto en marcha públicamente la Conferencia Ciudadana sobre el Futuro de Europa, una idea cargada de buenas intenciones pero que llega muy desbravada. El Parlamento, el movimiento europeísta y – aunque no lo digan abiertamente- la máquina comunitaria (Bruselas, el concepto) querían que tuviera un liderazgo fuerte e independiente, que durara dos años, que favoreciera la participación de las instituciones locales y regionales y que pudiera ponerlo todo en cuestión, también los tratados. Los estados pero, a través del Consejo, lo han dejado en unos insuficientes doce meses, han impuesto una dirección desdibujada, se han dado especial protagonismo a ellos mismos y han vetado que se hable de renovar o modificar los tratados firmados hasta ahora. Aun así, los procesos participativos se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban y esta sigue siendo una muy buena oportunidad para que la ciudadanía chafe la guitarra a los miembros del club de estados y empuje el proyecto europeo adelante recuperando –propongo- el espíritu (y buena parte de la letra) de aquella declaración de Copenhagen del año 1973.

Interacciones con los lectores

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2º de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalidad: Tramitar peticiones de los usuarios. Informar sobre el contenido de la página. Comercializar bienes y servicios. Legitimación: Propio consentimiento del usuario. Destinatarios: Associació Institut Teoria i Praxi y proveedores legitimados externos necesarios para el desarrollo de la actividad. Derechos: Acceder, Rectificar, suprimir y otros establecidos en la política de privacidad. Contactando con info@sobiranies.cat. Información adicional: Aquí se puede acceder a la política de privacidad.