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Derechos humanos o seguridad, ¿ésta es la cuestión?

Está por verse si esta crisis, que pone de relieve una vez más de la importancia de la ciencia y de los servicios públicos de salud universales será un revulsivo para la extrema derecha o si bien aprovecharán esta crisis por, una vez más, sacar rédito del miedo de la ciudadanía a un peligro intangible.

Assessora en polítiques socials i drets humans al Parlament Europeu
07/06/2020

La historia se repite y parece que los humanos caemos una y otra vez en el mismo error. Aquellos quien trabajamos por el cumplimiento de los derechos humanos por todas partes sabemos que han sido muchas las ocasiones en las cuales los gobiernos nos han hecho creer que teníamos que escoger entre seguridad y libertad, entre seguridad y derechos humanos: después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos o después otros ataques, curiosamente todos de raíz yihadista, a Europa. Con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 los gobiernos nos quieren hacer escoger de nuevo, generando esta falsa dicotomía entre seguridad, en este caso entre seguridad sanitaria, y libertad.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos ya contempla en el artículo 15 la posibilidad de limitar ciertos derechos en contextos como podría ser una emergencia sanitaria. Así, los Estados pueden aprobar leyes de emergencia, como por ejemplo el estado de alarma, siempre que lo hagan de manera proporcionada, limitada en el tiempo y cumpliendo el principio de no discriminación. Aquí, el peligro rae en dos elementos: la valoración subjetiva sobre qué es “de manera proporcionada” y hasta qué punto algunos derechos pasan por encima de los otros anulándolos completamente y el peligro que, una vez introducidas estas limitaciones, el Estado quiera mantener ciertas medidas que le permiten acumular poder respecto a los principios democráticos y de Estado de derecho básicos.


Gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea han declarado, desde la llegada del coronavirus al continente, el estado de emergencia o alguna otra ley que permitía en los Estados, en esta situación excepcional, tomar medidas extraordinarias sin tener que cumplir con los procedimientos habituales de un Estado democrático y acumulando así más poder del habitual por parte del ejecutivo: Italia, Portugal, Bulgaria, Polonia, Francia, Hungría o el Estado español son un ejemplo. Hay algunos países pero que han optado por no declarar ningún tipo de estado de emergencia.


Por otro lado, algunos Estados miembros, aprovechando las circunstancias actuales, han restringido de manera clara los derechos fundamentales, derogando temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR de sus siglas en inglés). Este es el caso de Estonia, Rumanía y Letonia. En este contexto, tanto organismos oficiales como por ejemplo la Oficina de Derechos Fundamentales de la UE (FRAY, de sus siglas en inglés) o la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, como organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, han alertado del peligro que supone por los derechos humanos el contexto de excepcionalidad en el cual vivimos.

Tenemos que tener en cuenta, pero, que antes de la llegada del coronavirus, la Unión Europea tampoco era un oasis por los derechos humanos. Así lo demuestran los numerosos informes de la misma FRAY o de organizaciones como Amnistía Internacional que denuncian el aumento de los delitos de odio a colectivos vulnerabilizados, la criminalización de los defensores de derechos humanos y la ayuda humanitaria, las innumerables vulneraciones de los derechos de las personas migradas y refugiadas a las fronteras de Grecia, España e Italia, las discriminaciones sistemáticas de las personas de etnia gitana o la aporofòbia. Europa, igual que el resto del mundo, sufría antes de la llegada del coronavirus múltiples deficiencias en cuanto a la protección de los derechos humanos, y un cuestionamiento evidente del concepto per se, fomentado entre otros factores por el auge de la extrema derecha y los populismos excluyentes. Este ya débil y erosionado sistema de protección de los derechos humanos podría verse más debilitado durando y después de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.


El estado de emergencia como excusa.

Dos de los países con una deriva antidemocrática más preocupante estas semanas son Polonia y Hungría. En Hungría, el presidente Viktor Orbán ha aprobado una ley de emergencia que le concede plenos poderes y que suspende de facto el Parlamento de manera indefinida, vulnerando así el principio de temporalidad que requieren las leyes de emergencia para adecuarse a los estándares democráticos. En Polonia, por su parte, el partido ultraconservador Ley y Justicia (Piso) ha mantenido las elecciones presidenciales previstas por este mes de mayo a través del voto por correo todo y las quejas de los partidos de la oposición que piden posponner las votaciones.  De este modo el servicio nacional de Correos, el presidente del cual ha estado recientemente destituido y sustituto por el vice primer ministro de Defensa, asumirá el papel de comisión electoral. La situación actual, además, hace que el presidente y candidato a la reelección por el Piso, Andrezj Duda, tenga mucha más presencia a los medios que la oposición política. A todo esto se suma la votación en el Parlamento polaco, durante el estado de emergencia, de enviar a comisión parlamentaria dos leyes que supondrán, si son aprobadas, una vulneración grave de los derechos de las mujeres: el endurecimiento de la ley del aborto y la prohibición de la educación sexual en las escuelas. Ambos países ya tienen procedimientos de infracción abiertos por parte de las instituciones europeas por vulneración del Estado de derecho.

Desgraciadamente, Polonia y Hungría no son los únicos países de la Unión Europea que posan en riesgo los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En cuanto al derecho a la privacidad, en todo Europa está en debate la implementación por parte de varios gobiernos de aplicaciones para teléfonos móvil y otros mecanismos de seguimiento que los Estados están desplegando y que posan en entredicho el respeto por el derecho a la privacidad y que podrían desencadenar en discriminaciones graves contra ciertos colectivos de población.

Las aplicaciones móvil: una herramienta solo para controlar el virus?

Mientras que algunos Estados han anunciado el acuerdo con las compañías telefónicas para que estas los compartan las ubicaciones de los teléfonos móviles de la ciudadanía, sean los datos anónimos o no –el Estado español, Bulgaria, Austria o Francia son algunos ejemplos-, otros como Polonia han creado aplicaciones de teléfono móvil obligatorias para toda la población que envían “selfies” de los propietarios del teléfono móvil cuando la aplicación lo pide. Varios Estados miembros han desarrollado, o están en proceso de desarrollar, aplicaciones móvil de seguimiento, “tracking apps”, y también se está debatiendo si el posible uso de los llamados pasaportes de inmunidad serán o no una alternativa para controlar el virus durante la desescalada. Los expertos en privacidad de datos alertan que el uso de estas aplicaciones móvil no será nunca tan efectivo para contener el virus como la realización de tests masivos en la población o que, en cualquier caso, esta aplicaciones tendrían que ir acompañadas de la realización de tests masivos en la población para ser útiles. Los expertos también alertan que, para cumplir con el derecho a la privacidad, las aplicaciones de móvil tendrían que ser voluntarias y con un consentimiento del uso de los datos explícito por parte de la ciudadanía. Además, los Estados tendrían que definir claramente el propósito de uso de estos datos, que tendría que ser temporal, y que solo podría estar en manos de los propios usuarios o de organismos públicos y no de empresas externas que podrían hacer un uso fraudulento. La Comisión Europea ya ha alertado a los Estados miembros que cualquier aplicación diseñada por los gobiernos nacionales tendrá que cumplir con el Reglamento de Protección de Datos y la normativa europea que regula las comunicaciones electrónicas (e-Privacy). No está nada claro pero, que las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos con eluso de estos tipos de aplicaciones y mecanismos de control no puedan tener efectos irreversibles  en los derechos de todos los ciudadanos.


El derecho a la protesta y la libertad de expresión.

Una de las consecuencias más evidentes de las restricciones impuestas bajo el argumento de la contención del virus es la restricción total de la libertad de movimientos que ha acabado desencadenando en la eliminación de facto otros derechos como el derecho a reunión y manifestación. Mientras que la mayoría de países han prohibido toda manifestación en la calle, en Grecia se permitió una manifestación con motivo del día Internacional de los Trabajadores que respetaba todas las medidas de seguridad. También en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha declarado que la libertad de expresión y manifestación no pueden ser restringidas durante la pandemia. El mismo 1 de mayo, mientras que en el Estado español el Tribunal Constitucional avalaba la posición del gobierno de no permitir ninguna manifestación durante el estado de alarma, la alcaldesa de Madrid organizaba un acto multitudinario de clausura del hospital de campaña de IFEMA.
Ante esta falsa jerarquía de derechos donde parece que el derecho a protesta tiene que pasar a ser menos importante que otros derechos, algunos ciudadanos han tenido que recurrir a propuestas imaginativas para ejercerlo, como pequeñas caravanas de coches que sustituyan las tradicionales manifestaciones a pie de calle.

La situación actual también ha llevado la libertad de expresión y la libertad de prensa en un punto de debate muy complicado. Por un lado encontramos la aparición de noticias falsas en torno a las causas y consecuencias del virus con el objetivo de fomentar el odio interesado hacia ciertos colectivos, y de la otra vemos como se ha puesto  en tela de juicio cualquier noticia que critique las actuaciones de los gobiernos. Mientras que la emergencia sanitaria es aprovechada por algunos para fomentar el odio, el racismo y la estigmatización –no solo hablamos de colectivos de extrema derecha sino también de gobiernos que aprovechan las cifras de contagios en el sur de Europa para negarse a aprobar medidas de rescate como los coronabonos-, los gobiernos de todo Europa podrían encontrar en la pandemia un marco que los permitiera silenciar cualquier oposición o disidencia que critique como se están implementando las medidas de contención del virus. La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha alertado que en Italia y República Checa se ha impedido a los periodistas obtener información de las autoridades sanitarias o que se documentaran sobre las operaciones policiales llevadas a cabo. Los gobiernos de Rumanía y Hungría han aprobado medidas que permiten al ejecutivo tener un control directo del contenido de páginas web con el objetivo de combatir supuestas noticias falsas.


La vulneración múltiple de derechos.

Tanto la COVID-19 como las medidas de contención desplegadas por los Estados miembros tienen consecuencias por toda la ciudadanía, pero hay algunas personas que se están viendo doblemente afectadas por el contexto actual. El derecho en la educación de aquellos niños más vulnerables, el derecho de las personas con alguna discapacidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migradas o los de las personas presas entre otros. Todos ellos están en especial riesgo en las circunstancias actuales y los gobiernos a menudo ignoran sus necesidades específicas o, todavía peor, aprovechan la excepcionalidad para agraviar las vulneraciones de sus derechos más básicos.


Mientras que en Polonia el gobierno ha aprovechado las restricciones al derecho a manifestación para impulsar la aprobación de legislación que vulnera los derechos de las mujeres, en todo el mundo están creciendo los casos de violencia machista. Este hecho preocupa no solo por las cifras de denuncias, que aumentaron hasta un tercio durante las primeras semanas de confinamiento en algunos de los países de la Unión Europea. Al aumento de las denuncias hay que sumar las graves implicaciones, tanto físicas como psicológicas, que tendrá el hecho que tantas mujeres lleven en algunos casos más de cincuenta días confinadas con sus agresores.

Otro de los colectivos especialmente afectados son las personas presas.  En todo Europa se ha alertado del grave peligro que corre la población presa. En algunos casos se encuentran en prisiones superpobladas donde es imposible mantener las distancias de seguridad necesarias o dónde no hay las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para evitar el contagio. Así mismo se ha denunciado la vulneración de sus derechos por el hecho de tener prohibidas las visitas de familiares y se ha pedido en los gobiernos europeos que aquellos presos en prisión preventiva o con segundos y terceros grados puedan pasar el confinamiento en su casa. En Italia, los motines en algunas prisiones acabaron con 13 personas muertas y en Finlandia algunos presos empezaron una huelga de hambre como protesta por sus condiciones durante la pandemia.

Estas últimas semanas también hemos visto a en todo Europa vulneraciones graves de los derechos fundamentales de personas migradas y refugiadas. Entre ellas destacan las de las personas en situación irregular, las de aquellas en un Centro de Internamiento de Extranjeros o aquellas que se encuentran en las fronteras de Europa. La situación en los campos de refugiados de las islas griegas, donde las vulneraciones de derechos humanos ya hace tiempos que estan al orden del día, ha empeorado notablemente. Además de las condiciones de higiene y salubridad totalmente insuficientes, vemos como muchos países de la Unión han suspendido de facto el derecho de asilo. Con los primeros contagios en algunos campos de refugiados de la península griega, las medidas de cierre total de los campos, sumadas a sus condiciones de higiene, han hecho la vida totalmente insostenible. Por eso, desde varios sectores se ha reclamado a las autoridades griegas y al resto de países de la UE el desalojo de los campos de las islas y la reubicación, especialmente de menores, mujeres y personas vulnerables, a territorio Europeo.


El coronavirus: una oportunidad para frenar la extrema derecha?

Cuando hablamos de la amenaza por los derechos humanos, uno de los actores clave en el auge de sus vulneraciones y en el cuestionamiento mismo del concepto son los partidos de extrema derecha, en auge en todo Europa durante la última década.
Está por ver si esta crisis, que pone de relieve una vez más de la importancia de la ciencia y de los servicios públicos de salud universales será un revulsivo para la extrema derecha o si bien aprovecharán esta crisis por, una vez más, sacar rédito del miedo de la ciudadanía a un peligro intangible. Por un lado, el contexto actual podría reforzar algunas de las proclamas de la extrema derecha europea, como su nacionalismo antiglobalización y sus discursos contra la Unión Europea, que de momento sigue siendo inoperante para responder a las necesidades de esta crisis.

Por el otro lado, vemos como las circunstancias actuales han reforzado la idea de que la sanidad pública y universal es un servicio imprescindible. A todo esto se suma el hecho que la extrema derecha, acostumbrada a dar respuestas simples a problemas complejos, no ha sabido construir un discurso coherente y realista para hacer frente a esta crisis.
Mientras que en los Estados europeos donde la extrema derecha esté en el poder, como por ejemplo Hungría o Polonia, estos han aprovechado para concentrar todo el poder en el ejecutivo y erosionar algo más el Estado de derecho, en los países donde la extrema derecha y los populismos son a la oposición han intentado sacar rédito de esta situación criticando los gobiernos y atizando al odio hacia el que consideran diferente. Las primeras encuestas parece ser que indican una reducción del voto a estos partidos pero la gestión post-crisis que hagan los gobiernos europeos resultará determinando por el auge o el descenso del apoyo a la extrema derecha y los populismos.


Además, la manera en cómo en algunos casos se ha hecho frente esta crisis, tanto desde los ejecutivos como desde los medios de comunicación, parece haber reforzado el apoyo de la población a medidas restrictivas contra la libertad. Según varias encuestas, la población mayoritariamente apoya a las medidas desplegadas por los respectivos gobiernos. Un 90% de los italianos, un 88% de los españoles y un 86% de los franceses apoyan a las medidas desplegadas por sus gobiernos y un 94% de los austríacos asegura estar dispuesto a renunciar a algunos de sus derechos y libertades para prevenir la expansión del virus. Por eso es esencial que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación aborden el contexto actual desde una perspectiva de derechos humanos alertando de los riesgos por nuestros derechos y libertades que pueden tener ciertas medidas desplegadas o ignoradas por los gobiernos.

La historia se repite y parece que los humanos caemos una y otra vez en el mismo error. Aquellos quien trabajamos por el cumplimiento de los derechos humanos por todas partes sabemos que han sido muchas las ocasiones en las cuales los gobiernos nos han hecho creer que teníamos que escoger entre seguridad y libertad, entre seguridad y derechos humanos: después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos o después otros ataques, curiosamente todos de raíz yihadista, a Europa. Con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 los gobiernos nos quieren hacer escoger de nuevo, generando esta falsa dicotomía entre seguridad, en este caso entre seguridad sanitaria, y libertad.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos ya contempla en el artículo 15 la posibilidad de limitar ciertos derechos en contextos como podría ser una emergencia sanitaria. Así, los Estados pueden aprobar leyes de emergencia, como por ejemplo el estado de alarma, siempre que lo hagan de manera proporcionada, limitada en el tiempo y cumpliendo el principio de no discriminación. Aquí, el peligro rae en dos elementos: la valoración subjetiva sobre qué es “de manera proporcionada” y hasta qué punto algunos derechos pasan por encima de los otros anulándolos completamente y el peligro que, una vez introducidas estas limitaciones, el Estado quiera mantener ciertas medidas que le permiten acumular poder respecto a los principios democráticos y de Estado de derecho básicos.


Gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea han declarado, desde la llegada del coronavirus al continente, el estado de emergencia o alguna otra ley que permitía en los Estados, en esta situación excepcional, tomar medidas extraordinarias sin tener que cumplir con los procedimientos habituales de un Estado democrático y acumulando así más poder del habitual por parte del ejecutivo: Italia, Portugal, Bulgaria, Polonia, Francia, Hungría o el Estado español son un ejemplo. Hay algunos países pero que han optado por no declarar ningún tipo de estado de emergencia.


Por otro lado, algunos Estados miembros, aprovechando las circunstancias actuales, han restringido de manera clara los derechos fundamentales, derogando temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR de sus siglas en inglés). Este es el caso de Estonia, Rumanía y Letonia. En este contexto, tanto organismos oficiales como por ejemplo la Oficina de Derechos Fundamentales de la UE (FRAY, de sus siglas en inglés) o la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, como organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, han alertado del peligro que supone por los derechos humanos el contexto de excepcionalidad en el cual vivimos.

Tenemos que tener en cuenta, pero, que antes de la llegada del coronavirus, la Unión Europea tampoco era un oasis por los derechos humanos. Así lo demuestran los numerosos informes de la misma FRAY o de organizaciones como Amnistía Internacional que denuncian el aumento de los delitos de odio a colectivos vulnerabilizados, la criminalización de los defensores de derechos humanos y la ayuda humanitaria, las innumerables vulneraciones de los derechos de las personas migradas y refugiadas a las fronteras de Grecia, España e Italia, las discriminaciones sistemáticas de las personas de etnia gitana o la aporofòbia. Europa, igual que el resto del mundo, sufría antes de la llegada del coronavirus múltiples deficiencias en cuanto a la protección de los derechos humanos, y un cuestionamiento evidente del concepto per se, fomentado entre otros factores por el auge de la extrema derecha y los populismos excluyentes. Este ya débil y erosionado sistema de protección de los derechos humanos podría verse más debilitado durando y después de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.


El estado de emergencia como excusa.

Dos de los países con una deriva antidemocrática más preocupante estas semanas son Polonia y Hungría. En Hungría, el presidente Viktor Orbán ha aprobado una ley de emergencia que le concede plenos poderes y que suspende de facto el Parlamento de manera indefinida, vulnerando así el principio de temporalidad que requieren las leyes de emergencia para adecuarse a los estándares democráticos. En Polonia, por su parte, el partido ultraconservador Ley y Justicia (Piso) ha mantenido las elecciones presidenciales previstas por este mes de mayo a través del voto por correo todo y las quejas de los partidos de la oposición que piden posponner las votaciones.  De este modo el servicio nacional de Correos, el presidente del cual ha estado recientemente destituido y sustituto por el vice primer ministro de Defensa, asumirá el papel de comisión electoral. La situación actual, además, hace que el presidente y candidato a la reelección por el Piso, Andrezj Duda, tenga mucha más presencia a los medios que la oposición política. A todo esto se suma la votación en el Parlamento polaco, durante el estado de emergencia, de enviar a comisión parlamentaria dos leyes que supondrán, si son aprobadas, una vulneración grave de los derechos de las mujeres: el endurecimiento de la ley del aborto y la prohibición de la educación sexual en las escuelas. Ambos países ya tienen procedimientos de infracción abiertos por parte de las instituciones europeas por vulneración del Estado de derecho.

Desgraciadamente, Polonia y Hungría no son los únicos países de la Unión Europea que posan en riesgo los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En cuanto al derecho a la privacidad, en todo Europa está en debate la implementación por parte de varios gobiernos de aplicaciones para teléfonos móvil y otros mecanismos de seguimiento que los Estados están desplegando y que posan en entredicho el respeto por el derecho a la privacidad y que podrían desencadenar en discriminaciones graves contra ciertos colectivos de población.

Las aplicaciones móvil: una herramienta solo para controlar el virus?

Mientras que algunos Estados han anunciado el acuerdo con las compañías telefónicas para que estas los compartan las ubicaciones de los teléfonos móviles de la ciudadanía, sean los datos anónimos o no –el Estado español, Bulgaria, Austria o Francia son algunos ejemplos-, otros como Polonia han creado aplicaciones de teléfono móvil obligatorias para toda la población que envían “selfies” de los propietarios del teléfono móvil cuando la aplicación lo pide. Varios Estados miembros han desarrollado, o están en proceso de desarrollar, aplicaciones móvil de seguimiento, “tracking apps”, y también se está debatiendo si el posible uso de los llamados pasaportes de inmunidad serán o no una alternativa para controlar el virus durante la desescalada. Los expertos en privacidad de datos alertan que el uso de estas aplicaciones móvil no será nunca tan efectivo para contener el virus como la realización de tests masivos en la población o que, en cualquier caso, esta aplicaciones tendrían que ir acompañadas de la realización de tests masivos en la población para ser útiles. Los expertos también alertan que, para cumplir con el derecho a la privacidad, las aplicaciones de móvil tendrían que ser voluntarias y con un consentimiento del uso de los datos explícito por parte de la ciudadanía. Además, los Estados tendrían que definir claramente el propósito de uso de estos datos, que tendría que ser temporal, y que solo podría estar en manos de los propios usuarios o de organismos públicos y no de empresas externas que podrían hacer un uso fraudulento. La Comisión Europea ya ha alertado a los Estados miembros que cualquier aplicación diseñada por los gobiernos nacionales tendrá que cumplir con el Reglamento de Protección de Datos y la normativa europea que regula las comunicaciones electrónicas (e-Privacy). No está nada claro pero, que las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos con eluso de estos tipos de aplicaciones y mecanismos de control no puedan tener efectos irreversibles  en los derechos de todos los ciudadanos.


El derecho a la protesta y la libertad de expresión.

Una de las consecuencias más evidentes de las restricciones impuestas bajo el argumento de la contención del virus es la restricción total de la libertad de movimientos que ha acabado desencadenando en la eliminación de facto otros derechos como el derecho a reunión y manifestación. Mientras que la mayoría de países han prohibido toda manifestación en la calle, en Grecia se permitió una manifestación con motivo del día Internacional de los Trabajadores que respetaba todas las medidas de seguridad. También en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha declarado que la libertad de expresión y manifestación no pueden ser restringidas durante la pandemia. El mismo 1 de mayo, mientras que en el Estado español el Tribunal Constitucional avalaba la posición del gobierno de no permitir ninguna manifestación durante el estado de alarma, la alcaldesa de Madrid organizaba un acto multitudinario de clausura del hospital de campaña de IFEMA.
Ante esta falsa jerarquía de derechos donde parece que el derecho a protesta tiene que pasar a ser menos importante que otros derechos, algunos ciudadanos han tenido que recurrir a propuestas imaginativas para ejercerlo, como pequeñas caravanas de coches que sustituyan las tradicionales manifestaciones a pie de calle.

La situación actual también ha llevado la libertad de expresión y la libertad de prensa en un punto de debate muy complicado. Por un lado encontramos la aparición de noticias falsas en torno a las causas y consecuencias del virus con el objetivo de fomentar el odio interesado hacia ciertos colectivos, y de la otra vemos como se ha puesto  en tela de juicio cualquier noticia que critique las actuaciones de los gobiernos. Mientras que la emergencia sanitaria es aprovechada por algunos para fomentar el odio, el racismo y la estigmatización –no solo hablamos de colectivos de extrema derecha sino también de gobiernos que aprovechan las cifras de contagios en el sur de Europa para negarse a aprobar medidas de rescate como los coronabonos-, los gobiernos de todo Europa podrían encontrar en la pandemia un marco que los permitiera silenciar cualquier oposición o disidencia que critique como se están implementando las medidas de contención del virus. La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha alertado que en Italia y República Checa se ha impedido a los periodistas obtener información de las autoridades sanitarias o que se documentaran sobre las operaciones policiales llevadas a cabo. Los gobiernos de Rumanía y Hungría han aprobado medidas que permiten al ejecutivo tener un control directo del contenido de páginas web con el objetivo de combatir supuestas noticias falsas.


La vulneración múltiple de derechos.

Tanto la COVID-19 como las medidas de contención desplegadas por los Estados miembros tienen consecuencias por toda la ciudadanía, pero hay algunas personas que se están viendo doblemente afectadas por el contexto actual. El derecho en la educación de aquellos niños más vulnerables, el derecho de las personas con alguna discapacidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migradas o los de las personas presas entre otros. Todos ellos están en especial riesgo en las circunstancias actuales y los gobiernos a menudo ignoran sus necesidades específicas o, todavía peor, aprovechan la excepcionalidad para agraviar las vulneraciones de sus derechos más básicos.


Mientras que en Polonia el gobierno ha aprovechado las restricciones al derecho a manifestación para impulsar la aprobación de legislación que vulnera los derechos de las mujeres, en todo el mundo están creciendo los casos de violencia machista. Este hecho preocupa no solo por las cifras de denuncias, que aumentaron hasta un tercio durante las primeras semanas de confinamiento en algunos de los países de la Unión Europea. Al aumento de las denuncias hay que sumar las graves implicaciones, tanto físicas como psicológicas, que tendrá el hecho que tantas mujeres lleven en algunos casos más de cincuenta días confinadas con sus agresores.

Otro de los colectivos especialmente afectados son las personas presas.  En todo Europa se ha alertado del grave peligro que corre la población presa. En algunos casos se encuentran en prisiones superpobladas donde es imposible mantener las distancias de seguridad necesarias o dónde no hay las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para evitar el contagio. Así mismo se ha denunciado la vulneración de sus derechos por el hecho de tener prohibidas las visitas de familiares y se ha pedido en los gobiernos europeos que aquellos presos en prisión preventiva o con segundos y terceros grados puedan pasar el confinamiento en su casa. En Italia, los motines en algunas prisiones acabaron con 13 personas muertas y en Finlandia algunos presos empezaron una huelga de hambre como protesta por sus condiciones durante la pandemia.

Estas últimas semanas también hemos visto a en todo Europa vulneraciones graves de los derechos fundamentales de personas migradas y refugiadas. Entre ellas destacan las de las personas en situación irregular, las de aquellas en un Centro de Internamiento de Extranjeros o aquellas que se encuentran en las fronteras de Europa. La situación en los campos de refugiados de las islas griegas, donde las vulneraciones de derechos humanos ya hace tiempos que estan al orden del día, ha empeorado notablemente. Además de las condiciones de higiene y salubridad totalmente insuficientes, vemos como muchos países de la Unión han suspendido de facto el derecho de asilo. Con los primeros contagios en algunos campos de refugiados de la península griega, las medidas de cierre total de los campos, sumadas a sus condiciones de higiene, han hecho la vida totalmente insostenible. Por eso, desde varios sectores se ha reclamado a las autoridades griegas y al resto de países de la UE el desalojo de los campos de las islas y la reubicación, especialmente de menores, mujeres y personas vulnerables, a territorio Europeo.


El coronavirus: una oportunidad para frenar la extrema derecha?

Cuando hablamos de la amenaza por los derechos humanos, uno de los actores clave en el auge de sus vulneraciones y en el cuestionamiento mismo del concepto son los partidos de extrema derecha, en auge en todo Europa durante la última década.
Está por ver si esta crisis, que pone de relieve una vez más de la importancia de la ciencia y de los servicios públicos de salud universales será un revulsivo para la extrema derecha o si bien aprovecharán esta crisis por, una vez más, sacar rédito del miedo de la ciudadanía a un peligro intangible. Por un lado, el contexto actual podría reforzar algunas de las proclamas de la extrema derecha europea, como su nacionalismo antiglobalización y sus discursos contra la Unión Europea, que de momento sigue siendo inoperante para responder a las necesidades de esta crisis.

Por el otro lado, vemos como las circunstancias actuales han reforzado la idea de que la sanidad pública y universal es un servicio imprescindible. A todo esto se suma el hecho que la extrema derecha, acostumbrada a dar respuestas simples a problemas complejos, no ha sabido construir un discurso coherente y realista para hacer frente a esta crisis.
Mientras que en los Estados europeos donde la extrema derecha esté en el poder, como por ejemplo Hungría o Polonia, estos han aprovechado para concentrar todo el poder en el ejecutivo y erosionar algo más el Estado de derecho, en los países donde la extrema derecha y los populismos son a la oposición han intentado sacar rédito de esta situación criticando los gobiernos y atizando al odio hacia el que consideran diferente. Las primeras encuestas parece ser que indican una reducción del voto a estos partidos pero la gestión post-crisis que hagan los gobiernos europeos resultará determinando por el auge o el descenso del apoyo a la extrema derecha y los populismos.


Además, la manera en cómo en algunos casos se ha hecho frente esta crisis, tanto desde los ejecutivos como desde los medios de comunicación, parece haber reforzado el apoyo de la población a medidas restrictivas contra la libertad. Según varias encuestas, la población mayoritariamente apoya a las medidas desplegadas por los respectivos gobiernos. Un 90% de los italianos, un 88% de los españoles y un 86% de los franceses apoyan a las medidas desplegadas por sus gobiernos y un 94% de los austríacos asegura estar dispuesto a renunciar a algunos de sus derechos y libertades para prevenir la expansión del virus. Por eso es esencial que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación aborden el contexto actual desde una perspectiva de derechos humanos alertando de los riesgos por nuestros derechos y libertades que pueden tener ciertas medidas desplegadas o ignoradas por los gobiernos.

La experiencia nos dice que una vez ampliadas las capacidades de los gobiernos, que tienen por consecuencia la restricción de los derechos y libertades de sus ciudadanos, es más difícil que estos mismos gobiernos tengan la voluntad de retirarlas. El riesgo que de esta crisis salimos con un sistema de protección de los derechos humanos todavía más débil es evidente. Todavía es temprano para poder evaluar si esta situación será o no reversible cuando la crisis de salud pública se acabe, pero el que está claro es que la ciudadanía jugaremos un papel clave. Podemos seguir haciendo de policías desde los balcones, denunciando aquellos que creemos que se saltan las medidas impuestas por los gobiernos, o podemos pensar que la salud pública tiene que ir siempre acompañada por un respeto claro por los derechos de todas las personas. La sociedad civil será clave para determinar si de aquí salimos con un replanteamiento de las ineficiencias del sistema actual y una disminución de las desigualdades o si, por otro lado, repetimos los mismos errores de siempre y volvemos a un modelo de desigualdad donde algunos siguen defendiendo sus privilegios por encima de la convivencia, la diversidad, la igualdad y los derechos humanos.

Para saber más:

https://fra.europa.eu/en/themes/covid-19
https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/covid-19

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