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Economía secuestrada, o sobre cómo la soberanía energética nos haría más ricos

22/06/2022
EFE

La elevada inflación ha puesto a las economías europeas y a la española en una situación económica difícil. En España, el alza de precios interanual a finales del año 2021 se situaba cerca de un 6%, mientras que al inicio del 2022 llegaba cerca de un 9%. Estas cifras podrían ser en realidad más bajas de lo que miden los indicadores del INE debido a posibles errores de cálculo de la agencia estadística. Aun así, nos encontramos en una situación delicada, sobre todo por la reducción del poder adquisitivo de todas aquellas rentas del trabajo, pensionistas, etc. que no aumentan al ritmo de la inflación. En este artículo analizamos qué hay detrás de esta subida de precios y hablamos sobre tácticas económicas y políticas a seguir por la izquierda para disputar el poder al oligopolio eléctrico.

Una causa importante de la inflación en España y otros países europeos proviene de la evolución al alza del precio de algunas energías y de funcionamiento del sistema de precio de los mercados eléctricos en la UE (otras razones importantes detrás del aumento de la inflación no se abordan en este artículo). En España en 2020 el precio medio de la energía no superaba los 50€/Mwh, pero ya a finales de 2021 llegaba a los 200 €/Mwh, y hasta llegar a la cifra de 300€ Mwh el primer trimestre de 2022. Si bien los precios de la energía han aumentado por problemas de oferta, incluida la guerra de Ucrania, este precio no es un reflejo del coste de producción de la energía generada. Esto es debido al sistema de precios vigente en la Unión Europea, el conocido como sistema marginalista, en que todas las energías se remuneran al precio de la última que entra a la subasta diaria. Las energías renovables son las primeras que entran, actualmente de las más baratas, y después entran las otras energías en orden ascendente de precio, hasta cubrir la demanda diaria. El precio de la última unidad de energía que entra es la que determina el precio de la energía diario. Por lo tanto, los consumidores pagamos la electricidad generada por fuentes eólicas, solares, hidráulicas o nucleares, que tienen un coste de producción bajo, al precio de la energía más cara. Es decir, hemos llegado a pagar 300€ por megawatt hora por electricidad que tenía un coste de producción irrisorio.

Una consecuencia fundamental de este sistema marginalista es que, en este momento, agranda artificialmente los beneficios de los grandes empresas eléctricas. Hay quién argumenta que el sistema marginalista supuestamente incentiva el desarrollo de nuevas tecnologías que abaraten los costes de producción energéticos. Pero suponer este progreso tecnológico ilimitado es muy cuestionable dados los límites biofísicos y los fuentes de energía del planeta que habitamos. Además, uno de los problemas es que en España es el mismo oligopolio quien produce tanto la energía barata como la cara porque es quien tiene el control mayoritario de la inversión tanto de energías renovables como de combustibles
fósiles. El resultado ha sido una generación de beneficios ingente en los últimos meses. En los momentos en que se ha llegado a precios del gas de 250€/Mwh, las empresas vendedoras de energía podían acumular juntas unos beneficios extra de 75.000 millones de euros anuales, en comparación con una situación en que cada fuente de electricidad se remunera según su coste de producción. Ante el riesgo de perder este poder, el oligopolio eléctrico está haciendo un ataque lobístico muy fuerte a Europa para evitar una reforma del mercado eléctrico.

Estos beneficios los pagamos entre todas. Ya sea en la factura de la electricidad o cuando compramos otros bienes y servicios en que los productores han aumentado el precio de venta para mantener sus márgenes. Y es que, si bien, algunos han difundido el miedo a una espiral inflacionista como consecuencia del aumento de los salarios, la verdad es que no se puede atribuir el aumento de la inflación a la masa salarial. El aumento salarial pactado bajo convenio prácticamente no ha superado un 2% en el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de una gran mayoría de trabajadores/es. Además la competitividad y la supervivencia de muchas empresas se encuentran comprometidas, sobre todo en la hostelería. El estudio de PIMEC muestra que un 16% del tejido productivo encuestado considera que peligra su actividad por el aumento de precios. En resumen, una situación muy delicada, en pleno momento de recuperación económica después de la pandemia, y causada en gran medida por el secuestro de la economía española por parte del poderoso oligopolio energético.

En una situación como la actual, cuál tiene que ser la estrategia económica y política a seguir por la izquierda? En pocas palabras, es necesario disputar el poder que tiene el oligopolio eléctrico. Para hacerlo, hay que combinar tanto medidas que lo debiliten -tope al precio del gas, final del sistema marginalista- como políticas que ayuden a desarrollar una alternativa -creación de empresa energética pública, promoción de cooperativas verdes. A continuación, detallamos esta agenda de políticas.

En primer lugar, una medida que ya ha sido aprobada por el Gobierno de España: el tope del gas durante el 2022. Su impacto sobre la inflación, pero, depende de quién asuma la diferencia entre el precio máximo y el precio de cotización del gas. En la implementación actual, este diferencial lo asumimos entre todos los consumidores, lo que minimiza la reducción de la inflación. En cambio, si la diferencia de coste se financiara con un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, los cálculos indican que se podría reducir la inflación entre 3 y 4 puntos porcentuales. Lógicamente, nosotros defendemos la segunda opción puesto que de este modo se evitaría el contagio inflacionista a otros sectores de la economía.

Está previsto que el tope se aplique durante 12 meses. Aun así, consideramos que en un sector estratégico para la economía como es el de la energía, los precios máximos tendrían que normalizarse como una medida eficaz por dos razones capitales: evitar la destrucción del tejido productivo y no permitir el empobrecimiento generalizado de la población.

En segundo lugar, acabar con el sistema marginalista de precios. ¿Qué alternativa hay? La ventaja es que no hay que mirar muy lejos para tener otra opción. Cuando vamos a comprar al mercado pagamos el precio de cada producto, no pagamos todos los productos al precio del más caro. Dicho de otro modo, si compramos huevos y jamón ibérico, los huevos los pagamos a su precio y el jamón al suyo. Pero no adquirimos los huevos y el cinco jotas al precio del jamón. En el caso de la energía, habría que hacer lo mismo: remunerar cada fuente de electricidad a su coste de producción.

En tercer lugar, se tiene que crear una empresa pública de energía que participe, entre otros, en los grandes proyectos de desarrollo de energías renovables que se están llevando a cabo. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre el gobierno español anunciaba que destinaría 6.900 millones a proyectos de transición energética. Si queremos acabar con el poder desmesurado del oligopolio eléctrico es importante que este no se apodere de buena parte de la inversión pública y que los beneficios de esta inversión se mantengan en manos públicas. A esta empresa energética pública se le pueden sumar los 1000 megawatts de concesiones hidroeléctricas que caducarán durante los siguientes 10 años. El caso francés muestra la importancia estratégica de tener una empresa pública de energía. A través del control mayoritario de EDF Energy, Francia ha podido limitar la subida de la factura de la luz a un 4% como máximo mientras que son los inversores los que tienen que asumir el coste
de esta medida.

Por último, si bien es importante tener una importante empresa pública de energía que pueda actuar como contrapeso del poder del oligopolio eléctrico, hace falta promover el crecimiento de otros actores que de forma descentralizada puedan también actuar como contrapoderes. Cooperativas como Som Energia o Som Mobilitat son un ejemplo. También es importante impulsar la remunicipalización de las redes de distribución de electricidad por, entre otros objetivos, descentralizar la generación eléctrica y producirla a partir de energías renovables. Estas medidas no solo permitirían rebajar la factura eléctrica, sino también avanzar hacia comunidades energéticas soberanas, más sostenibles, resilientes, y que permitan combatir la despoblación.

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