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La COVID-19 y la cuarta crisis del modelo territorial

En este sentido, en España difícilmente habrá una nación sin naciones, ni soberanía sin soberanías. Sin un pacto plurinacional previo no se podrá enfrentar la capacidad de reformar la Constitución o caminar hacia un nuevo modelo constituyente; sin el reconocimiento de las soberanías no se podrá ejercer así la soberanía.

28/05/2020

Toda situación de crisis es un espejo que agudiza nuestros rasgos y contradicciones como sociedad. De hecho, esta crisis puede verse, aparentemente, como algo absolutamente externo a la dinámica sistémica, pero no es el caso. No lo es, en la medida en que el surgimiento de nuevas pandemias se encuentra profundamente imbricado en la relación que hemos establecido a escala mundial con el medio natural. Finalmente, no éramos nosotros los que protegíamos al ecosistema, sino el ecosistema el que nos protegía a nosotros. Pero, incluso más allá de eso, la crisis tampoco es ajena a la dinámica sistémica, en la medida en que su impacto diferencial se relaciona con factores de clase social, las diversas racializaciones, o políticas públicas practicadas en las últimas décadas en cada territorio. Nos ha sacudido un terremoto, pero la tectónica de las placas que lo ha hecho posible no es ajena a la acción humana. De esta manera, la pandemia ha señalado con crudeza las líneas de ruptura del sistema. Y esto, que afecta a muchos campos de carácter esencial (modelo de globalización, dinámica de clases, papel del Estado, etc.) también ha tenido efectos sobre la dinámica plurinacional y territorial del estado español.

Aunque algunos todavía defienden que esta crisis debe permitir un desarrollo federal del Estado de las autonomías, ya que “nunca como ahora habían existido condiciones tan propicias para avanzar en un desarrollo federalizador del Estado”, lo cierto es que creó justo lo contrario. [1] No tanto porque la crisis haya mostrado una dinámica centralizadora, después de todo, el estado de alarma contempla esta realidad al designar al Gobierno central como la única autoridad competente, sino porque muestra la quiebra del Estado autonómico. La opción del Gobierno central de asumir las competencias de salud e interior ante la crisis ha aumentado a este respecto los costes políticos para el mismo gobierno, puesto que las autoridades de las comunidades autónomas pueden derivar toda responsabilidad hacia el gobierno central: ha generando tensiones y diferencias de criterio incluso con las comunidades lideradas por socialistas, como ha ocurrido en el País Valenciano o las Islas Baleares; y ha sido ineficiente en algunos ámbitos, en la medida en que gran parte de la administración sanitaria estaba en manos de las Comunidades Autónomas.

Se ha renunciado así, especialmente al comienzo de la pandemia, una posible ventaja para tratar la crisis: el uso de una administración distribuida en el territorio, con la experiencia de décadas de autogobierno, lo que podría haber llevado a una adaptación flexible a la realidad que se estaba viviendo. Pero aquí el problema estaba en la absoluta falta de confianza en el sistema. Una falta de confianza compartida en los más diversos ámbitos. Así, partiendo de un ejemplo cercano, desde Cataluña se podía estar acusando al Estado central de aplicar un nuevo 155 y al mismo tiempo denunciando que este mismo Estado no interviniera directamente en el confinamiento de la Comunidad de Madrid.

De hecho, el que la arquitectura política y territorial del Estado haya sido apartada, o se haya intentado dejar de lado —ya que en última instancia esto es imposible— se vio claramente, prácticamente hasta la parodia, cuando se anunció en un inicio que la unidad territorial de la gestión de la pandemia no sería otra que la provincia. De hecho, la constitución de 1978 no define ningún modelo de Estado territorial. Este no se define evidentemente como federal (la única vez que la palabra federal sale en toda la Constitución es en su artículo 145 para a prohibirla), pero tampoco como regional ni unitario, ni siquiera integral, como se había hecho en la Constitución de 1931. Tampoco define un Estado autonómico, eso en cualquier caso fue un desarrollo de facto posterior a la definición constitucional, sino un Estado que permite la existencia de comunidades autónomas (un Estado con autonomías).

Ante esta ausencia de definición, el único modelo de división territorial aplicado al conjunto que aparece claramente en la Constitución es precisamente el provincial. Un modelo creado en 1833, en el marco de la implementación del Estado liberal y el capitalismo, inspirado directamente en el modelo departamental francés de carácter napoleónico. La opción de un modelo claramente centralista en uno de los Estados con mayor diversidad cultural e histórica de Europa se explica en el intento de eliminar todas las instancias de poder distribuidas territorialmente, para implementar un capitalismo con una profunda desigualdad en la estructura de la propiedad. Sólo a partir de esta centralización del poder, que se desplegó de arriba hacia abajo en todo el territorio a partir de las unidades provinciales, se establecería una herramienta factible para implementar un nuevo modelo socioeconómico por parte de unas élites que tenían una base social débil y contradictoria.

Estado liberal, el capitalismo y el centralismo se dan de la mano en este caso, en un sentido que ha perdurado en el tiempo. De hecho, el modelo provincial, como marca territorial de este momento originario, ha subsistido en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Lo que era inesperado en cualquier caso es que se le colocara en primer plano, por primera vez desde 1978, pasando por encima de las mismas comunidades autónomas como el síntoma más claro de la quiebra del Estado autonómico. Esto ha llevado durante esta crisis a la desaparición del acuerdo previo sobre la distribución de los niveles de competencias, aunque no de gestión porque estos se configuran en términos autonómicos. Por lo tanto, la capacidad de decisión se juega, no en la arquitectura del Estado, en lo que se ha querido llamar «cogobernanza», sino en el espacio de la expresión de la soberanía de acuerdo con la constitución de 1978: el Congreso. Se juega entonces en la correlación de las fuerzas políticas puras y duras de cada momento que se ha de poner en juego en la votación de cada estado de alarma. Pero también este espacio, precisamente como expresión de la fuerte crisis del pacto territorial del 78, es cada vez más ingobernable. Una crisis que ya va mucho más allá de la no aceptación de la existencia de varias naciones hispánicas en el mismo estado español.

Probablemente, para sorpresa de propios y extraños, a pesar de que la óptica exclusivamente catalana (a menudo muy auto centrada en sí misma) puede distorsionar la percepción de esta realidad, la crisis actual, en términos territoriales, no ha tenido como principal protagonista a Cataluña, sino a Madrid. Ni el «El Gobierno efectivo», ni los principales actores del independentismo catalán, cuentan actualmente con una estrategia política clarificada. En tres años ha pasado de ser el Gobierno para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre, al del retorno del presidente Puigdemont —»Si quieren al Presidente, voten Presidente»—, posteriormente al del diálogo, para parecer terminar con la legislatura agotada a partir de la crisis interna de los socios de gobierno con el único propósito ya de convocar elecciones, para optar finalmente por legitimarse a partir de la necesidad de la «construcción disruptiva» post covid-19 (si es que tal cosa, la idea de un post covid-19, existe).

Demasiados objetivos, todos ellos incumplidos, para que en esta situación el Govern de la Generalitat pudiera plantear un embate al Estado, más allá de las clone wars legitimistas actuales, y menos aún liderar —ni, de hecho, participar— en un debate más amplio con otros proyectos nacionales del Estado, o con los movimientos que están impulsando el cuestionamiento de un modelo territorial que ha dado lugar a «España vaciada». Todo esto en un momento en que, además, como parecen estar captando perfectamente otros espacios soberanistas del Estado, los reagrupamientos de clase tomarán fuerza de nuevo, en el marco de la crisis donde estamos. Y en este conflicto, más o menos soterrado, donde el barrio de Salamanca ha marcado el inicio de la protesta, es precisamente la comunidad madrileña la que ha suscitado, con la mayor dureza, un escenario de enfrentamiento directo con el Gobierno central.

El Estado de las autonomías ha experimentado tres grandes crisis en el siglo XXI. La primera fue la desplegada por el plan Ibarretxe (2003-2009); la segunda, la generada por el proceso soberanista catalán (2010-2017); y la tercera, aún claramente abierta, la de la España vaciada (2018-2019). La cuarta oleada, que probablemente se agudizará en el próximo tiempo, es la que ha planteado la Comunidad de Madrid en medio de la pandemia de la COVID-19. Cuatro grandes oleadas que representan perfectamente casi todas las vertientes del Estado autonómico: la de aquellos que lograron una inserción diferencial en 1978, a través de una   negociación política específica y la disposición adicional primera (País Vasco y Navarra); la de aquellos que representan el modelo matriz a partir del que se desarrollan las autonomías (Cataluña); la de aquellos que replicaron el modelo hasta convertirlo en una nueva forma de Estado territorial  (la España vaciada); y  finalmente la de los los que establecieron un modelo, en especial a partir de la segunda mitad de los noventa, donde la autonomía supuso una mayor acumulación de recursos en el mismo centro del Estado (la Comunidad de Madrid).

De momento, sólo se quedarían fuera de estas oleadas (con todo y que sufren como pocas en algunos casos la crisis del modelo autonómico, especialmente en su aspecto financiero) los territorios intermedios que en 1978 expresaban singularidades sin definirse en términos nacionales, pero que eran los conectores clave para la ampliación del modelo territorial (País Valenciano, Andalucía y Canarias).

Del desafío plurinacional a la crisis territorial

La crisis del Estado autonómico actual se gesta a partir de los años noventa del siglo pasado sobre la base de una serie de factores combinados, de los cuales, aquí, sólo destacaremos dos: una relectura bipartidista del pacto territorial del 78 y la nueva hegemonía neoliberal.[2] En primer lugar, en 1991 se producirían unos nuevos pactos autonómicos entre el PSOE y el PP, que pretendían cerrar y homogeneizar el modelo autonómico, erigiéndose así los dos partidos en intérpretes del pacto del 78. Cosa que no dejaba de ser notable, teniendo en cuenta que el Partido Popular prácticamente no había participado en ese pacto y que otros partidos que sí lo habían hecho ahora quedaban excluidos. Se trataba de producir un equiparación competencial que homogenizara el Estado autonómico, aceptando, eso sí, «hechos diferenciales» (era imposible no hacerlo, ya que difícilmente una autonomía que no tuviera una lengua propia podía tener competencias sobre este tema, como tampoco se podía eliminar la disposición adicional primera de la Constitución referida al País Vasco y Navarra o a la tercera sobre el régimen fiscal canario). Tomás y Valiente, entonces presidente del Tribunal constitucional, creía, en sentido contrario, ante esta nueva dinámica promovida por el bipartidismo, que: “el Estado de las Autonomías no debe cerrarse con la igualación competencial […], la Constitución no lo Exige y la prudencia lo desaconseja […] Pero la última y principal razón en favor de la diferenciación inicial competencial es la diferencia real, por histórica y presente, entre las nacionalidades y las regiones que subyace bajo cada  Comunidad”. [3]

Sin embargo, a pesar de esta voluntad homogeneizadora que denunció a Tomás y Valiente, tampoco lo que se sobrevino no fue lo esperado. Ciertamente se inició el proceso de homogeneización de competencias, y éste fue el gran horizonte compartido de los dos grandes partidos españoles durante esta década, pero al mismo tiempo el bipartidismo pasó de «perfecto» a «imperfecto», es decir, en ciertos momentos no podía gobernar por si solo y necesitaba de otros partidos, iniciando una dialéctica de acordeón en la dinámica del Estado de las autonomías. Si en 1993 el PSOE necesitaría del concurso de CIU y del PNB para gobernar en el Estado, en 1996 era el PP el que lo hacía de su misma mano, favoreciendo transferencias como la gestión del 30% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la eliminación de figuras como los gobernadores civiles o el traslado de competencias de tránsito.

Pero en realidad, esto no respondía a ninguna hoja de ruta compartida por ninguna de las partes, con lo cual se entraba en una constante dialéctica de conflicto y negociación según las mayorías de cada momento, una dialéctica que se definía cada vez más en términos nacionales. El PP, que gobernó de 1996 a 2004, podía pasar de ofrecer transferencias que parecían imposibles a impulsar el Decreto de Humanidades para asegurar una educación histórica nacional común a todos los estudiantes del estado, mientras que colocaba la bandera española más grande posible en la plaza de Colón. Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas, conscientes de que no había espacio de pacto más allá de la correlación de fuerzas pura y dura, podrían pasar de negociar con el PSOE y el PP, a definir un horizonte que iba mucho más allá del marco del pacto territorial del 78. En este sentido, en 1998 la Declaración de Barcelona, firmada por el PNB, el Bloque Nacionalista Gallego y CIU, a la que se va a sumar posteriormente el Partido Andalucista, y en gran parte compartida por una parte del socialismo catalán, ICV y Ezquer Batua Berdeak, señaló un horizonte claramente confederal y plurinacional, a pesar de las medidas concretas que reclamaban todavía podían darse en una relectura del pacto de 78. Se establecía así, con el modelo regional como zona de tensiones, una dialéctica entre un proyecto de renacionalización española —en este sentido hay una conexión directa entre el Decreto de Humanidades de Esperanza Aguirre y la voluntad de José Ignacio Wert de “españolizar a los alumnos catalanes” en 2012—, y una dinámica de afirmación, en realidad más nacional que plurinacional, en Euskadi y Cataluña. Sin embargo, esto tomó una dimensión específica en el contexto del crecimiento de la hegemonía neoliberal en términos globales.

La globalización neoliberal ha tomado, especialmente desde la década de los noventa, la forma de un proceso de substracción de soberanías populares que ha llevado al crecimiento de las cuestiones nacionales en diversos, y a veces incluso opuestos, sentidos. Por un lado, ha favorecido el crecimiento de las cuestiones nacionales irresueltas, planteadas como cuestiones de acceso a la soberanía, de «recuperación del control», mientras que por otro, como propone Miquel Caminal, refiriéndose en este sentido al nacionalismo de Estado: «ante un territorio que se abre a otras culturas y  etnias por exigencias del mercado, ante un territorio que se disuelve en otro mayor como espacio económico unificado, ante un territorio que se articula con otros como espacio comunitario en el orden político y jurídico, al Estado le queda el recurso de la cultura nacional como elemento de clave de identidad nacional y  justificación de permanencia».[4]  Movimientos que pueden presentar muchas cristalizaciones diferenciadas en términos de clase, lo que a veces dificulta su lectura, al mismo tiempo que también favorece lecturas interesadas desde las más diversas perspectivas, ya que la disputa por la nación o las naciones es también una disputa sobre la hegemonía que se establece en el seno de cada proyecto nacional.

En cualquier caso, lo cierto es que si el orden neoliberal, está en la base de la intensificación de las dialécticas nacionales, esto se agudiza claramente en el caso español con la crisis de 2008. Su gestión, al diktat de los grandes intereses financieros, llevó a un gran movimiento de recentralización y de transferencia de los recortes hacia las comunidades autónomas y  las administraciones locales. Movimiento que tenía así características tanto nacionales, en el intento de reforzar una determinada lectura nacionalista española, como sociales, favoreciendo una gestión de la crisis que fuera en detrimento de los derechos sociales. De esta manera, si la Troika marcaba desde arriba hacia abajo las políticas de recortes de los Estados, en el caso de España estas a su vez procedían desde el centro del Estado a las periferias autonómicas y locales, ya que estas concentraban las políticas sociales. De hecho, a pesar del sueño neoliberal de una parte del independentismo catalán de derechas (no en vano la misma CIU votó en 2012 a favor de la Ley Montoro que permitía la intervención financiera de la Generalitat si incumplía con los techos de déficit, lo que fue además la base de la intervención de Montoro sobre las finanzas catalanas antes de octubre de 2017), lo cierto es que el neoliberalismo no parece favorecer en la fase actual estas opciones. Sin embargo, la reacción a este gran movimiento recentralizador austericista y nacionalista va a hacer emerger con toda su fuerza movimientos soberanistas que adquirían un carácter abiertamente nacional, en un país donde no hay una nación única de referencia. Esto afectó tanto a una lectura alternativa de la nación española, —“La patria son los hospitales”, que al mismo tiempo se quería plurinacional, encarnada en Podemos, como a los movimientos soberanistas e independentistas que en este caso podían incluir también a una parte de las elites periféricas que sin el recurso de un Estado propio necesitaban de nuevos espacios de relegitimación.  Todo esto en un territorio donde, si la implementación del Estado liberal y el capitalismo durante el siglo XIX se hizo mediante la centralización y la eliminación de las instancias distribuidas de poder, proceso que favoreció un cierto tipo nacionalismo de Estado, el neoliberalismo ahora podría utilizar este legado histórico a su servicio.

Evidentemente, estas dinámicas, tanto en términos de nuevas dialécticas nacionales como de políticas de corte neoliberal, han tenido un fuerte impacto sobre el Estado Autonómico. La nueva ola de soberanismo articulado en términos nacionales a escala internacional tenía así una incidencia inmediata también en el caso vasco y catalán. En este sentido, el tema de Quebec es inseparable, y especialmente el fallo del Tribunal Supremo de Canadá de 1998, de los movimientos soberanistas hispanos, que a la vez se interrelacionaban dialécticamente con el proceso escocés, en varias olas que se van retroalimentando. Este es el marco en el que aparecerá en 2003 el Plan Ibarretxe, intentando encontrar una salida al fenómeno de ETA y un nuevo encaje de corte confederal entre el País Vasco y España, introduciendo el derecho a decidir con fuertes reminiscencias canadienses. De hecho, este enfoque llevó al Gobierno del PP a introducir el delito de convocatoria ilegal de referéndums en el Código Penal, penalización que fue derogada por PSOE al llegar al poder en n 2005. Asimismo, el proceso vasco terminó en 2009 con la ilegalización de HB y la conformación de una nueva alianza gubernamental vasca entre el PSE, el PP UPyD. Fue, en realidad el aparentemente mucho más «reformista” proceso de modificación del Estatuto catalán el que abrió la caja de Pandora.

Hay varias razones por las que el proceso catalán impactara en el conjunto del modelo de Estado de una forma más profunda que el Plan Ibarretxe, pero el principal es que el modelo autonómico había nacido a partir de la cuestión catalana. La autonomía primigenia fue la catalana durante la II República y en el marco del pacto territorial de 1978 ella marcaba el desarrollo de las autonomías de régimen general, a diferencia del caso vasco que se desarrolló de forma diferenciada a partir de la disposición adicional primera. En este sentido, la reforma estatutaria catalana terminó siendo una nueva propuesta de modelo territorial para el conjunto de las autonomías y, de facto, una relectura de todo el pacto del 78. Es más, el Govern d’Entesa Nacional pel Progrés, constituido en Cataluña en el 2003, estaba en la base de un pacto a nivel de estado en el que, por primera vez, el bipartidismo «imperfecto» no se articulaba a partir de la alianza con sectores nacionalistas conservadores, sino con los partidos progresistas catalanes, Izquierda Unida, el BNG y la Chunta Aragonesista. A este respecto, la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, que derogaba partes enteras del Estatuto, reinterpretaba a otros y, sobre todo, se imponía sobre un pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Congreso de Diputados refrendado por el demos catalán, abrió una crisis en el sistema territorial sin parangón.

Una editorial publicada por doce diarios catalanes, que iban de La Vanguardia hastael Periódico de Cataluña, antes de que la sentencia se hiciera pública, titulada «Dignidad de Cataluña», afirmaba: “que nadie yerre el diagnóstico […]. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad […] Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable”.[5] Tras la sentencia del presidente de la Generalitat en ese momento, el socialista José Montilla, expresaba en un discurso especial su rechazo hacia un tribunal “lamentablemente desautorizado y moralmente deslegitimado” para dictar esta sentencia”, y afirmaba que “somos una nación y formamos un solo pueblo”. Comenzaba entonces el ciclo que se ha conocido como el Procés, particularmente intenso de 2010 a 2017, cuando abrió en canal una crisis ya no del Estado autonómico, sino directamente de Estado. En este sentido, la sentencia del Estatut de 2010, en medio de la gestión de la crisis neoliberal de 2008, vivida como una substracción de soberanías y, al mismo tiempo, un proceso de recentralización, produjo una intersección explosiva entre dos procesos que se habían interrelacionado, como ya hemos señalado, pero que ahora se imbricaban, a veces de una manera contradictoria, profundamente.

Los efectos de estas dos primeras oleadas de soberanía y las pulsiones recentralizadoras, en el pacto territorial del 78, el Estado autonómico y el sistema constitucional, han sido críticos. Aspectos clave del pacto territorial, como el principio del bloque de constitucionalidad y el dispositivo, que llevaban a considerar los estatutos en parte como textos de rango constitucional, o la misma idea de pacto entre diferentes demos (en este caso el español y el catalán), saltaron por los aires. En el proceso, el Tribunal Constitucional reforzó su carácter no de tercera, ya que el Senado no realiza funciones reales de cámara legislativa, sino de segunda cámara legislativa, con una creciente eliminación de la separación de poderes.

De 1989 a 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó 11 resoluciones relativas a la afirmación de la soberanía de Cataluña, ninguna fue intervenida por el Tribunal Constitucional al considerar que las mismas eran de naturaleza política. A partir de 2013 esto cambiará radicalmente en una intervención constante y creciente, primero por parte del Tribunal Constitucional y después del Tribunal Supremo y la Junta Electoral, sobre el Parlament como también sobre la misma posibilidad de la investidura de Pedro Sánchez. Pero todo esto tendrá efectos profundos, más allá de la dinámica plurinacional, en el conjunto del modelo territorial que quedará paralizado. Así, por poner sólo un ejemplo, si el modelo de financiamiento autónomo debía ser renovado por ley en 2014, en el 2020 aún no se ha abordado la negociación de esta reforma. Finalmente, es el mismo Estado autonómico el que ha entrado crisis y riesgo de colapso, el problema ahora ya no es Cataluña ni el País Vasco, sino que, por ejemplo, León también plantea una profunda insatisfacción con el pacto del 78, mientras que la España vaciada se rebela contra el modelo de distribución de recursos y poder frente al de Estado central, y finalmente la crisis de COVID-19 activa una revuelta de privilegiados en Madrid que tiene su centro en el barrio de Salamanca.

De la España vaciada a la revuelta de la Comunidad de Madrid

Un mes antes de las elecciones generales de abril del 2019, el 31 de marzo, estallaba una amplia movilización en la capital del Estado, que se conocerá como la revuelta de la «España vaciada». Noventa plataformas, que poco después llegarían a las ciento veinte, de veintitrés provincias, proclamaron el abandono sufrido durante décadas de democracia. Esta movilización no se detuvo aquí y el 4 de octubre de ese mismo año, un mes antes de las nuevas elecciones generales que se iban a celebrar en noviembre, y poco antes de que las calles de Barcelona ardieran en protesta contra el fallo del Tribunal Supremo contra los líderes sociales y políticos independentistas, unas 300.000 personas se movilizaron de forma distribuida en 3.800 pueblos del Estado. Paralelamente, a finales de diciembre de 2019 se desplegó un movimiento en León para separarse de Castilla, en contra de la voluntad histórica de Martín Villa que había tenido cono objetivo la creación de una gran comunidad autónoma central. La España vertebrada de Ortega y Gasset, que tanto había obsesionado a una parte de los políticos durante loas años ochenta y noventa, parecía estar deshaciéndose por momentos. De hecho, por primera vez desde 1978, en 2019 cuarenta y tres diputadas y diputados del Congreso ya no pertenecían a partidos articulados en todo el estado. Nunca antes se alcanzó esa cifra y en muchos casos ya no eran representantes de partidos circunscritos a las «nacionalidades históricas», sino también de carácter regional, o incluso, como en el caso de Teruel Existe, provincial.

Las declaraciones más duras contra estos movimientos fueron de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, al afirmar que «durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto, y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, más catalanes… Han permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid». En esta afirmación de la Presidente de la Comunidad de Madrid, se percibía tanto la justificación del drenaje de los recursos practicado por las élites madrileñas en relación con el resto del estado, que según ella sería realmente culpa de los políticos de estos territorios, como el nerviosismo frente a una España que, a pesar de todo el discurso nacional español desplegado, se le estaba escapando de las manos. De hecho, el despliegue de estos movimientos tectónicos estaba en plena expansión antes de la aparición de la COVID-19, y probablemente se agudizará aún más una vez que el estado de alarma haya finalizado. No es extraño que, en medio de la pandemia, el nerviosismo haya exacerbado las pasiones de una parte de las élites que controlan la Comunidad de Madrid, ya que efectivamente todo un modelo de crecimiento y de control de los flujos territoriales puede estar en riesgo producto de esta crisis.

La misma construcción del Estado liberal español ha sido fuertemente controlada desde el centro mismo de este Estado, tanto en el reclutamiento de su personal técnico como del político. Así, por ejemplo, durante el siglo XIX sólo hubo tres presidentes catalanes, los tres en el breve período del sexenio democrático (1868-1874). De hecho, día de hoy no ha habido más. Del mismo modo, de los 850 ministros del siglo XIX sólo 22 procedían de Cataluña, la mitad de los cuales también corresponderían al período de los Sexenio. Una dinámica que se perpetua hasta el presente. Desde 1978 hasta ahora si Madrid y Castilla y León han contado con el 19% de la población española, personas de su territorio han ocupado más del 50% de los ministerios del conjunto de gobiernos constituidos. En el otro extremo, si Andalucía cuenta con el 18% de la población de todo el estado, sólo ha habido un 7,8% de andaluces y andaluzas ocupando ministerios de los distintos gobiernos establecidos entre 1978 y nuestros días. En el casó de Cataluña con el 16% de la población, sólo han sido en torno al 9% de los ministerios. Sin embargo, esta situación, que habla claramente de una construcción estatal fuertemente territorializada, se equilibró parcialmente con la distribución de poderes y competencias en el pacto territorial del 78. Pero aquí el papel singular desempeñado por la Comunidad de Madrid en ciertos períodos ha establecido claramente una distorsión.

No es inusual que, en modelos verdaderamente federales, donde reside la capital se configure un distrito territorial gestionado directamente por el Estado, con tal de que no se generen desequilibrios de poder territorial, dada la misma capitalidad. En el caso de Madrid, se optó en 1983 por constituir una comunidad autónoma inusual, ya que su existencia no estaba justificada por una realidad regional histórica, como se establece en el artículo 143 de la Constitución, ni existía una demanda popular al respecto. De hecho, fue constituida directamente por el Estado, en aras al “interés nacional» que preveía el artículo 144. Esto, más allá de si era de interés nacional o no, permitió su uso intensivo desde los años noventa del siglo pasado para establecer un modelo de desarrollo neoliberal propio.

El dumping fiscal, combinado con un sistema de comunicaciones claramente radial en el que Madrid siguió siendo el Km 0 en España, permitió un drenaje constante de recursos económicos y humanos hacia la capital. Este no fue sin duda el único modelo de desarrollo neoliberal, practicado intensamente también en comunidades como el País Valenciano o Cataluña, por poner dos ejemplos; la diferencia es que Madrid contaba con la presencia de un Estado que estaba fuertemente condicionado en su agenda pública y política por el ambiente comunicativo de las élites situadas en el centro. Lo que pasaba en Madrid era lo que pasaba en España, y lo que no pasaba en Madrid no pasaba en España, y esto dio una gran cobertura a este tipo de políticas. Pero ahora esto se ha agrietado.

Ciertamente, el modelo neoliberal favorece el constante drenaje de los recursos territoriales hacia las grandes concentraciones de capital, hecho que también tiene una correspondencia territorial, y este es un fenómeno global. Sin embargo, en el caso español, esto no está compensado con medidas políticas, y a la vez la crisis del propio Estado autonómico, producto de la irresolución de las diversas problemáticas nacionales que se han transmutado en un problema para el conjunto de todo el modelo, ha llevado a una fuerte crisis del sistema político español. Si crecen los diferentes fenómenos soberanistas o las expresiones políticas de la España vaciada, esto traerá, como de hecho está sucediendo, a una profunda erosión de los grandes partidos «nacionales» españoles, elemento que hará cada vez más ingobernable el conjunto.

De ahí la construcción de una derecha española cada vez más nacionalista, como forma de sublimar los intereses particulares en un discurso nacional, y la necesidad de los partidos fuera de este ámbito de intentar recuperar un proyecto que integre el conjunto de intereses del estado, si no quieren decrecer. Un doble proceso que se ve reforzado por la realidad de que sólo dos grandes mayorías de gobierno se dibujan en el escenario: o la que se conforma por el conjunto de las tres derechas o la amplia agregación, por muchas contradicciones que se tengan, de fuerzas territoriales y plurinacionales con las fuerzas de izquierdas y progresistas del conjunto del estado. En el segundo escenario, las élites que han controlado la dinámica del Estado, y que se concentran ahora en la gestión de la Comunidad de Madrid, saben que perderán niveles de poder. Más cuando la crisis que ha causado la pandemia hará difícil mantener lo que Díaz Ayuso llama «el modelo de Madrid» – favorecer al capital privado y una fiscalidad profundamente regresiva- sin la salvaguardia del Estado central detrás. Es precisamente por eso que esta creciente tensión puede ser el último capítulo de la crisis del Estado de las autonomías.

Las sucesivas oleadas de crisis plurinacionales, territoriales y del Estado de las autonomías, han dado lugar a una profunda deslegitimización del sistema en zonas enteras del estado (especialmente en el caso catalán donde hoy sólo el 17,4% de su población votaría afirmativamente a la Constitución de 1978[6]) y a un grave problema en su funcionamiento. Es más, sí la Constitución difícilmente es reformable (sólo lo ha sido dos veces, en 1992 por el Tratado de Maastricht, y el 2011 para adaptarse al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE), ahora cualquier intento serio de reforma sin un pacto de carácter plurinacional previo, convertiría de facto el referéndum constitucional en un referéndum en Cataluña y en Euskadi sobre su independencia. Y una constitución que no se reforma es, en el corto o largo plazo, una constitución que implosiona.

En este sentido, en España difícilmente habrá nación sin naciones, ni soberanía sin soberanías. Sin un pacto plurinacional previo no se podrá hacer frente a la reforma de la constitución, y con este pacto en realidad se estará entrando en un nuevo momento constituyente conjugado en plural; sin el reconocimiento de las soberanías no se podrá ejercer así la soberanía. Pero el problema para el modelo global es aún más profundo en la nueva dialéctica entre la España vaciada y la Comunidad de Madrid. Es evidente que esto conducirá a una exacerbación del nacionalismo tipo barrio de Salamanca, desplegado en medio de la crisis de la COVID-19, profundamente homogeneizados, como se ha visto en el caso de Andalucía, al intentar eliminar incluso los símbolos del andalucismo histórico. Un proceso que se da en medio de una nueva crisis que puede conducir a dinámicas territoriales cada vez más fragmentadas.

En el 2019 fueron elegidos 43 diputadas y diputados que ya no querían representar a España, se batía así el máximo histórico que se había dado en 2011, con 38 diputadas y diputados de esta naturaleza. De hecho, en las elecciones generales de 2015, se estableció un paréntesis en este proceso. La aparición de Podemos y las diversas confluencias (En Comú Podem, En Marea, A la Valenciana) lograron integrar esta nueva realidad en un nuevo horizonte de esperanza plurinacional a favor de las clases populares.

Éste es un camino posible, el otro es que las varias alternativas soberanistas, y en algunos casos independentistas del estado, sean capaces de establecer un programa común de manera combinada con las fuerzas estatales de izquierda. La crisis que ya tenemos encima producirá claras reagrupaciones de clases en todas partes, y las diversas fuerzas transformadoras o tienen la capacidad de establecer alianzas, en el camino que ha marcado recientemente la izquierda abertzale -«no es la nación que nos une, sino la clase» –, o probablemente librarán batallas absolutamente cruzadas. El marco de la quiebra del Estado autonómico, que no se puede seguir eludiendo, se debe superar con agendas y horizontes mínimamente compartidos; la alternativa es que el nacionalismo español reaccionario, como gran proyecto de hegemonía para seguir manteniendo las lógicas neoliberales, asuma niveles de poder crecientes. Sin embargo, no es esperable que en medio de una crisis que se agudiza, sólo sea posible la defensa circunstancial contra esta opción. La creación de mayorías por agregación de agendas contradictorias acaba por ser débil, se deberá asumir la radicalidad de los problemáticas territoriales y plurinacionales existentes, como se deberá hacer también y de forma relacionada con las problemáticas de clase, partiendo de la necesidad de establecer nuevas soluciones.


[1] Amat, Jordi, «Laboratorio cooperativo», El País, 12 mayo de 2020

[2] Para una explicación ampliada de la crisis del Estado autonómico y en general de los argumentos desplegados en este artículo: Xavier Domènech, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830 – 2017), Península Barcelona, 2020, págs. 239 – 299.

[3] Eliseo Aja, Estado Autonómico y reforma federal, Alianza Editorial, Madrid 2014, P. 164.

[4] Miquel Caminal, Democràcia i plurinacionalitat, La Magrana, Barcelona, 2017, p. 71.

[5] “La dignidad de Cataluña ”, La Vanguardia,26 de noviembre de 2009.

[6] CEO, « Enquesta sobre context polític a Catalunya», enero de 2018.

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