Compartir

Finanzas sociales municipales

La situación que nos dejará la pandemia mundial de la COVID19 no se prevé muy favorable para las clases populares de este país. Se requiere tomar medidas fiscales o presupuestarias para dar un empujoncito al corto plazo.

economista
27/05/2021

La situación que nos dejará la pandemia mundial de la COVID19 no se prevé muy favorable para las clases populares de este país, y los ayuntamientos deben poder contribuir también en paliar los efectos más nocivos de esta coyuntura . En este artículo, sin embargo, damos un vistazo a las principales herramientas financieras municipales de que disponen los ayuntamientos para poner su grano de arena en esta tarea y en la de contribuir a un giro de izquierdas en sus políticas . Sin embargo, hay que diferenciar entre las medidas a corto plazo que palien los efectos, de las que contribuyen a la transformación social en largo plazo. La prioridad estratégica en trabajar por las segundas tampoco puede dejar de lado el poder implementar las herramientas hoy disponibles al alcance de los ayuntamientos.

Falta de recursos y una larga cola de necesidades es la combinación que con mayor o menor intensidad hemos oído de la situación de las finanzas y presupuestos municipales. Así pues, desarrollar políticas verdaderamente transformadoras, realizar un verdadero giro de izquierdas desde nuestros ayuntamientos en un contexto como este, no es una tarea nada sencilla. A menudo hemos pensado que la falta de autonomía financiera es uno de los principales problemas, sin embargo, a veces no es tanto que los ayuntamientos no puedan hacer lo que quieran con su caja (suerte a veces por algunos pueblos y ciudades en manos de según qué gobiernos de estos que llaman «liberales» ), sino que hay medidas de distribución muy obvias que la legislación estatal no permite y otras, en cambio, muy extendidas que no tienen nada de redistributivas: la típica bonificación de impuestos a las familias numerosas que no tiene en cuenta la capacidad económica es seguramente de las más antiguas y regresivas.

No pueden de desarrollan políticas públicas de izquierdas sin un sistema tributario potente

Cualquier artículo sobre finanzas municipales transformadoras es normal, y casi tradicional, que empiece con la crítica a la status quo, o sea del Estado. La Ley de Haciendas Locales, la LRSAL y la ley de la estabilidad presupuestaria que ha obligado a poner por delante de toda necesidad la deuda con los bancos, y las disposiciones de los presupuestos generales del estado en materia local los últimos años , está claro que no ayudan. Pero aquí intentaremos recoger y hablar de herramientas y medidas que algunos ayuntamientos han ido desarrollando en pro de una mejor redistribución, a pesar de todo. Algunos lo han hecho reinterpretando y yendo por los márgenes y huecos de la que se conoce como principio de la legalidad tributaria, otros enfrentándose a poderosos lobbys como el inmobiliario, muchos en solitario y sin hacer mucho ruido mediático para evitar despertar precisamente ningún otro lobby. Parece bastante claro, en resumidas cuentas, que no se pueden desarrollar políticas de redistribución de los recursos locales con este grupo de leyes regresivas estatales, pero mientras vamos cambiando eso del estado y del sistema económico, también hay que saber encontrar y extender al máximo las pocas oportunidades que estos principios de legalidad dan a los ayuntamientos. El camino hacia la redistribución de la riqueza se hace redistribuyendo, aunque sea en el mientras tanto de estas reglas de juego de un sistema económico y social, como es el capitalista, llamado a extinguirse.

Entre las medidas que se pueden enumerar habrá algunas típicamente fiscales o presupuestarias. Son las medidas que pueden dar un empujoncito, a corto plazo, el mientras tanto. Pero hay otras menos visibles pero más transformadoras que también se pueden hacer desde nuestros ayuntamientos . Son medidas que hay que poner en frente de la fila, con recursos, humanos, materiales y económicos, para ir lejos. La mirada larga no se puede perder nunca mientras intentamos jugar a bonificar la pobreza y hacer cosquillas a los más adinerados de nuestros vecinos.

Por este mientras tanto podríamos decir que la fórmula redistributiva que tienen las administraciones perseguiría aquello de hacer pagar más a quienes más tienen. No pueden de desarrollan políticas públicas de izquierdas sin un sistema tributario potente. Que persiga esta gran capacidad económica de algunos y que a la vez configure un escudo para los que menos tienen.

Algunas medidas a desarrollar para contribuir a una finanzas municipales más sociales :

Pisos vacíos. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge desde el año 2002 la posibilidad de crear un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos. Sin embargo, la falta de regulación en la definición de lo que es un piso vacío ha hecho que en la práctica una norma de rango legal no se haya podido aplicar hasta el 2019. ¡Han pasado 17 años! Por el camino, algunos ayuntamientos han perdido los contenciosos contra el texto del su recargo de pisos vacíos. Y ligado a este recargo se han tumbado judicialmente también las tasas por la comprobación de este desempleo. A día de hoy son muchos los ayuntamientos que ya han aprobado este recargo sobre pisos vacíos en sus ordenanzas fiscales, pero aprobarlo el Pleno es sólo un gesto político, se necesitan recursos para implementarlo . La detección de pisos permanentemente desocupadas no se hace sola ni es sencilla. Así como también habrá que establecer los procedimientos administrativos que conviertan un trámite de entrada costoso y pesado en un conjunto de actos ágiles e implacablemente.

Actividades económicas y propiedades de la Iglesia. El concordato entre la Santa Sede y el Estado franquista del año 1953 es lo que hoy en día, con diferentes actualizaciones, ha mantenido libre de impuestos los numerosos inmuebles que la iglesia posee en todos los municipios. No ha habido discusión jurídica ni política al asunto: la iglesia no paga tributos municipales. Sin embargo, esta exención afectará tan sólo aquellos destinados al culto desde que en el año 2017 una sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea consideró que determinadas ayudas fiscales eran ilegales por ser contrarias a la libre competencia. Con esta sentencia los ayuntamientos han intentado generar ingresos para aquellos inmuebles donde la Iglesia desarrolla actividades económicas. Que no son pocas. A pesar de todo, hecha la ley, hecha la trampa. Y en este caso la trampa la ofrece otra ley, la de entidades sin fines lucrativos y mecenazgo de 2002 que permite a la Iglesia sortear esta tributación simplemente traspasando la titularidad de las propiedades a fundaciones propias sin ánimo de lucro. Pero que puedan hacer esta encubierta fiscal no quita que los ayuntamientos no puedan poner de manifiesto esta realidad, cuantificar esta tributación no realizada y denunciarlo políticamente . Hay que ponerlo sobre el mostrador político con números y constatar estos hechos irregulares.

Inspecciones. A más capacidad económica más capacidad para evadir responsabilidades fiscales. A menudo cuando hablamos de evasiones fiscales pensamos en Andorra y los paraísos. Pero se hacen muchas evasiones a los municipios y la mayoría de ayuntamientos no disponen de sistemas de inspección suficientemente dotados como para detectarlo. En las licencias urbanísticas y el control de lo que se refiere al territorio hay mucho margen de mejora tributaria, se hacen muy gordas en todas partes. Y esto es porque los ayuntamientos no han puesto suficiente aliento en esta supervisión. Una supervisión inspectora que se pagaría sola. También en impuestos como el IAE, muchas grandes superficies han jugado los últimos años con los epígrafes del impuesto para burlar la fiscalidad, hay que estar encima. Y otro elemento importante en la configuración tributaria sería el hecho de tener una ponencia catastral general actualizada, esto es, que refleje el valor actual de los inmuebles para que los impuestos del IBI y las plusvalías persigan grabar las propiedades como toca, especialmente las más grandes.

Es muy importante que las medidas de ahorro tributario y ayudas sociales para familias con pocos recurso sean de aplicación automática

Los grandes servicios públicos. El suministro del agua, la limpieza y la recogida de basuras, la limpieza de los equipamientos, el mantenimiento del alumbrado, la prestación de servicios en las guarderías municipal, entre otros, son un caramelo bien jugoso para las grandes empresas, especializadas en ganar concursos públicos, que no suelen dejar demasiadas migas al tejido productivo local. Últimamente se han especializado también en la creación de pequeñas empresas con nombres amables e imagen de responsabilidad corporativa responsable. En un tímido intento de las administraciones para dotar a los concursos públicos de mayores criterios de responsabilidad medioambiental y social, y de intentar facilitar la entrada a las pequeñas empresas y cooperativas locales, lo que llamamos las cláusulas de los contratos, estas grandes empresas ya han avanzado y reestructurado y ya ganan todos estos concursos también.

Es seguramente en este aspecto, el de la gestión de servicios públicos, donde se pueden concentrar más ganancias para la administración pública, y por tanto para el servicio público, porque hablamos de los contratos más importantes que se llevan la mayor parte del presupuesto municipal. En este sentido hay que impulsar la opción de la gestión directa por la propia administración siempre que sea posible. El hecho de poder disponer de los recursos propios para ofrecer estos servicios, no sólo permite grandes ahorros sino también un mayor control, eficiencia y, por tanto, mejor servicio. Para llegar a esta internalización de servicios es recomendable antes disponer de una buena organización, pero muchas veces los mismos procesos de internalización pueden ser oportunidades para impulsar interesantes reformas en el seno de las organizaciones que mejoren su estructura interna.

Mientras no sea posible esta internalización, habrá que estar encima de estos grandes contratos. En muchos casos es de tal magnitud la externalización que han llevado a cabo los ayuntamientos, que se han perdido todas las herramientas de control y seguimiento del servicio. Es en este punto, donde se encuentran actualmente muchos ayuntamientos en muchos contratos y concesiones importantes, que más márgenes de beneficios extracontractuales pueden sacar las empresas a costa de dinero público. También hay que tener presente que estas grandes empresas están defendiendo sus privilegios con todas sus fuerzas, especialmente con querellas, contenciosos e incluso amenazas al personal municipal. Los ayuntamientos deben garantizar su defensa y coordinarse en esta recuperación de los servicios. Iniciativas como la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP) y la reciente Asociación de Municipios por la Energía Pública (AMEP) son interesantes iniciativas de coordinación y unión de fuerzas que trabajan en esta dirección.

Tarifación social. Es una de las medidas más sencillas de implementar y que tienen un efecto muy directo. El hecho de poder fijar los diferentes precios públicos y tasas de un ayuntamiento en función de la renta disponible permite algo que a priori parece obvio: que todo el mundo tenga acceso a los servicios públicos. El sistema consiste en fijar unos tramos de tasas y precios públicos que dependerán de la realidad económica para poder disponer, precisamente, de estos servicios públicos. Estas tarifaciones sociales se pueden implementar en los precios de las guarderías municipales, los servicios funerarios, el suministro del agua, el acceso a las instalaciones deportivas, actividades culturales y cursos formativos a modo de ejemplo, servicios muchos de ellos de primera necesidad.

El acceso a la escolarización de niños en el primer ciclo de infantil, por ejemplo, tiene un efecto directo para la conciliación. Poder disponer de unos precios accesibles en función de la renta de cada familia, en esta escolarización de los 0 a los 3 años, se ha demostrado capital a la hora que muchas mujeres puedan tenerlo lo más fácil para salir de unas tareas reproductivas que a menudo ahogan un mayor desarrollo profesional y en algunos casos una mayor suficiencia económica. Otros servicios básicos como el abastecimiento de agua o los funerarios también deben regirse por esta capacidad económica rea.

Bonificaciones de oficio. Es muy importante que las medidas de ahorro tributario y ayudas sociales para familias con pocos recurso sean de aplicación automática . Los ayuntamientos pueden firmar convenios con las correspondientes oficinas tributarias para disponer de la información necesaria en materia de rentas. Un buen engranaje de esta información permitirá identificar a las personas más vulnerables de nuestro municipio y al menos garantizar que estos se benefician de las bonificaciones o tarifaciones sociales sin tener que pelearse con trámites y papeles.

Por otro lado en la medida en lo posible será necesario que las bonificaciones que instauramos en las ordenanzas fiscales tengan en cuenta la capacidad económica ya sea patrimonial o de rentas. En este sentido hay que explorar posibles indicadores al alcance para poderlas aplicar de oficio dentro de los tramos de las bonificaciones expresamente enumeradas por ley.

Finanzas y medio ambiente. Otro tema interesante a trabajar desde el ámbito de las finanzas municipales es aquel que entrelaza el fomento de medidas medioambientales con las diferentes capacidades económicas. No es un debate nada cerrado, pese a que veces ni siquiera pensamos que esté abierto. Pero no es tan obvio pensar que sea demasiado de izquierdas, por ejemplo, bonificar la zona azul a los coches eléctricos. Unos vehículos hoy en día fuera del alcance de la mayoría. Lo mismo que nos estamos encontrando con la capacidad de muchas personas trabajadoras para desplazarse al trabajo con unos vehículos contaminantes que no pueden cambiar y una deficiente y aún poco asequible red de transporte público.

También en este ámbito desde las finanzas municipales es necesario afrontar los retos de una gestión de residuos responsable, que desarrolle el pago por generación, pero también por rentas. En los próximos años todavía tenemos que ver muchos pueblos y sobre todo ciudades que tienen el reto de modificar sus istema de recogida de residuos hacia sistemas más comprometidos con el medio ambiente y la lucha contra la crisis climática. Pero estos nuevos sistemas deberán tener en cuenta, de alguna manera, la capacidad económica también en los pagos por generación.

Microcréditos sociales. Desde algunos ayuntamientos han impulsado los últimos años actuaciones de microcréditos para el fomento de la actividad comprometida. Préstamos a pequeñas empresas, cooperativas locales y entidades de la economía social y solidaria para el desarrollo de sus actividades en momentos de dificultad financiera.

También los ayuntamientos deben aprovechar que la ley de contratos del sector público no afecta a los servicios financieros, y eso quiere decir que los gobiernos pueden tener sus depósitos y contratar créditos con entidades de cooperativas de crédito y banca ética.

Monedas locales. La digitalización de la sociedad puede ser una oportunidad para desarrollar actuaciones impensables hace unos años. Algunos municipios han creado monedas locales digitales con la que pagan parte del sueldo del personal público, para que éste lo pueda emplear en compras en el comercio local, de proximidad y en cooperativas de la red de economía social y solidaria. Vía convenio con este comercio local y con el acuerdo de los sindicatos del ayuntamiento se pueden llevar a cabo estas iniciativas, que también pueden abarcar el pago de subvenciones o incluso si se establece por pliegos técnicos se podría explorar para el propio pago de facturas en la gestión de servicios públicos.

Mirada larga

Todas estas medidas deben servir para fortalecer los ayuntamientos con la suficiente capacidad de recursos que luego les permita unos servicios públicos potentes. Pero como decíamos al principio, hay vida más allá de los presupuestos y las finanzas municipales, y las medidas que hemos ido apuntando hasta ahora tan sólo permitirán dar un poco de aire a la situación sin haber alcanzado ninguna transformación real. Esto no quiere decir que no haya que implementarlas, pero sí que hay que tener claro el alcance de lo que se está haciendo, valorarlo en su medida y trabajar por una mayor profundidad transformadora. Esta transformación vendrá de la mano de la sociedad organizada que participa de forma activa en las decisiones colectivas. Por eso es muy importante en esta mirada larga, que desde el ámbito municipal también se pueda contribuir a la configuración de un verdadero poder popular. Los ayuntamientos no serán quienes lo produzcan, pero con gobiernos comprometidos pueden trabajar al menos en esta dirección con políticas locales a largo plazo.

Esta contribución desde la institución pasa sobre todo para ayudar a la creación de estos espacios de poder popular. Una buena manera será poniendo luz y sacar los despachos consistoriales las decisiones colectivas más importantes del municipio. En este sentido, y desde el ámbito de las finanzas municipales, destaca sobre todo la de los presupuestos participativos. Pasado un primer boom de experiencias locales parece que no se hayan acabado de desarrollar con toda su magnitud. Hay una apuesta fuerte en este sentido. Potenciar la participación popular en todos los barrios y ciudades y en todos los ámbitos de decisiones públicas de un ayuntamiento: las finanzas, pero también en el urbanismo, en la cultura o en la educación. Porque es esta participación, organización y vinculación colectiva, y no otra cosa, lo que tiene auténtica capacidad transformadora hacia la justicia social.

Interacciones con los lectores

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2º de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalidad: Tramitar peticiones de los usuarios. Informar sobre el contenido de la página. Comercializar bienes y servicios. Legitimación: Propio consentimiento del usuario. Destinatarios: Associació Institut Teoria i Praxi y proveedores legitimados externos necesarios para el desarrollo de la actividad. Derechos: Acceder, Rectificar, suprimir y otros establecidos en la política de privacidad. Contactando con info@sobiranies.cat. Información adicional: Aquí se puede acceder a la política de privacidad.