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¿La crisis del coronavirus como oportunidad? Jugarnos la salida

Un reciente estudio de diversos politólogos de la Universidad de Barcelona añade motivos de preocupación: la crisis de salud pública habría hecho aumentar entre la ciudadanía española la tolerancia a las restricciones de derechos y libertades, así como el apoyo a soluciones autoritarias y tecnocráticas.

Economista i politòleg
07/06/2020

Los momentos de conmoción y confusión colectiva suelen ser aprovechados por los grandes poderes económicos para imponer reformas impopulares que cambian las reglas del juego en su favor. Esta es la tesis central del conocido libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Una tesis que ha servido a la izquierda del siglo XXI para interpretar el avance casi imparable del neoliberalismo a escala internacional.

Desde esta perspectiva, la situación excepcional que hemos vivido las últimas semanas y el gradual retorno a la «nueva normalidad» no invitan a la esperanza. El estado de alarma declarado por el gobierno Sánchez ha ido acompañado de la centralización de poderes, un cúmulo de abusos policiales y retórica belicista. Un reciente estudio de diversos politólogos de la Universidad de Barcelona añade motivos de preocupación: la crisis de salud pública habría hecho aumentar entre la ciudadanía española la tolerancia a las restricciones de derechos y libertades, así como el apoyo a soluciones autoritarias y tecnocráticas.

Pero, más allá de un nuevo episodio de excepcionalidad política todavía inconcluso, los efectos sociales y económicos de la Gran Reclusión están por ver. Los momentos de crisis profunda (y esta podría serlo) alteran también equilibrios, inercias y consensos, y pueden derivar en disputas en torno a la distribución de los costes y de las respuestas a los problemas de conjunto. Más, cuando la propia gestión de la situación ha obligado a interrumpir el funcionamiento «normal» del mercado y ha roto los ritmos individuales, generando experiencias compartidas de sacrificio colectivo. ¿Es posible, pues, una salida a esta crisis que decante la balanza en beneficio de las mayorías populares? La respuesta exige esbozar un mínimo diagnóstico.

Los impactos a largo plazo del coronavirus sobre la economía son todavía una incógnita, empezando por la duración o los posibles rebrotes de la pandemia. En todo caso, hay razones para pensar que las consecuencias pueden ser profundas y duraderas, al menos en nuestro país. Los rasgos de nuestra estructura económica plantean riesgos evidentes: el peso del turismo y los servicios de bajo valor añadido (muy vulnerables ante las restricciones y el miedo); la extendida presencia de unas pymes sometidas a fuertes tensiones, o la fuerte sensibilidad del mercado de trabajo en el ciclo económico pueden amplificar los efectos de la parálisis. Pero incluso en caso de rápida reactivación, las consecuencias fiscales de la sacudida podrían ser igualmente decisivas.

Las crisis fiscales han sido una de las manifestaciones recurrentes de los grandes descalabros económicos en las últimas décadas. Las contracciones de los mercados se trasladan normalmente a la hacienda pública por la caída de ingresos y el aumento de los gastos; pero la situación se ha visto a menudo agravada debido a los rescates públicos de empresas privadas. Un informe del FMI documentó, para el período 1990-2014, más de 120 casos internacionales de rescates del sector privado con un impacto fiscal relevante. El sector financiero encabeza la lista de beneficiarios (con 91 casos y un coste medio cercano al 10% del PIB de los países afectados), seguido por los convenios público-privados y las empresas no financieras. En las últimas semanas hemos visto también como las grandes aerolíneas solicitaban ayudas millonarias; como la banca privada garantizaba y ampliaba sus negocios con avales públicos, o como la Comisión Europea abría la puerta a nacionalizaciones de empresas con pérdidas. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo optaba por facilitar crédito barato a las grandes corporaciones, en vez de financiar masivamente a los gobiernos europeos que lo necesitaban.

Se trata de la vieja historia de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, en la que España tiene una dilatada trayectoria. De hecho, las crisis fiscales han jugado un papel muy destacado en lo que el geógrafo David Harvey denomina «acumulación por desposesión»: los procesos de privatizaciones, transferencias de riqueza y recortes en servicios públicos a través de los que el capitalismo ha ido reestructurándose durante los últimos cincuenta años. No obstante, al afectar al mismo tiempo a la capacidad de abastecimiento de bienes públicos esenciales, estos episodios suponen un claro riesgo de crisis política y de legitimidad.

En esta coyuntura, los grandes intereses empresariales ya han movido ficha. En un documento llamado Estrategia España, la CEOE adelanta su propuesta de futuro: mayor tutela de la UE; facilitar despidos; flexibilizar el mercado laboral; reducir o retrasar el pago de impuestos; aumentar los avales, subvenciones y créditos públicos; impulsar convenios público-privados y concesiones, y que la renta mínima no obstaculice la «reocupabilidad». Nada nuevo. De hecho, entre los motores productivos para el futuro propuestos en el mismo documento, destacan las finanzas, los oligopolios energéticos y la construcción.

Ante estos planteamientos, es esencial dibujar propuestas alternativas, en beneficio de las mayorías sociales, y con capacidad de aglutinar consensos amplios a su alrededor más allá de los intereses sectoriales. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de defender y expandir los servicios públicos, mejorando la financiación y revirtiendo privatizaciones que, como en el caso de las residencias de ancianos o de las clínicas, han mostrado la incompatibilidad entre el beneficio empresarial y su función social. La vulnerabilidad económica de miles de familias plantea, además, la importancia de asegurar las condiciones materiales básicas para una vida digna para todos los ciudadanos; a través de garantías de ingresos, pero también de la cobertura de necesidades que no pueden dejarse en manos del mercado: vivienda, alimentación, suministros o transporte. La financiación de estos servicios y prestaciones requeriría, por supuesto, una reforma fiscal ambiciosa, la derogación del artículo 135 de la Constitución y la suspensión de los actuales límites al gasto de los ayuntamientos. Por último, el control público (no necesariamente la propiedad estatal) de los sectores estratégicos de la economía se revela como un instrumento clave para hacer frente a esta y otras probables emergencias en el futuro próximo.

Pero si este programa esquemático es sencillo de formular, convertir el verbo en carne resulta mucho más difícil. Existen poderosos obstáculos a nivel institucional, político y económico que conviene tener bien presentes. En primer lugar, lo que conocemos como «neoliberalismo» no es simplemente una opción entre un menú de políticas disponibles. Al contrario, se inscribe en una telaraña institucional que va desde los organismos europeos al margen de todo control popular hasta las instituciones locales generadoras de consensos, pasando por organismos tecnocráticos del estado. Esto no implica que la situación sea inmutable (hay síntomas claros de que no lo es), pero sí exige transformaciones a varios niveles.

En segundo lugar, los desequilibrios de poder en lo referente a capacidad de influencia son clamorosos y se ven reforzados por las actuales restricciones y limitaciones a la movilización. La llegada del «gobierno más progresista de la historia» en España no se ha traducido en medidas a la altura en cuestiones clave como alquiler, despidos, privilegios de la banca o protección de los sectores más precarios, a la espera de la concreción de algunas promesas. Los gobiernos autonómicos han visto recortado su ya escaso poder real en las cuestiones más decisivas. Cuando se hace tan evidente que los que toman o limitan las grandes decisiones no son electos democráticamente, se hace más urgente impulsar formas eficaces de intervención popular.

En tercer lugar, la economía mundial arrastra problemas de sobre-endeudamiento, rentabilidad y exceso de capacidad desde mucho antes de la pandemia. Por no hablar de límites ecológicos. Un hecho que, además de reducir el margen de maniobra de la política económica a corto plazo, debería disuadir a las izquierdas de esforzarse en solucionar las contradicciones de la economía de mercado. Sin embargo, la posibilidad de que estos problemas globales impulsen nuevas formas de gestión y un rol diferente del estado no debería descartarse, en la medida que abre ejes de disputa en el futuro.

En definitiva, todo hace pensar que, si la crisis llega, se presentará menos como una oportunidad que como un conflicto que estamos obligados a afrontar. Y habrá que hacerlo probablemente a la defensiva: contra el paro, la precariedad y los recortes; a partir de alianzas amplias entre los diversos sectores candidatos a asumir los costes de la pandemia. Solo convirtiendo esta posición de partida en una defensa de la democracia, la soberanía y los derechos fundamentales, será posible imaginar un nuevo ciclo de movilizaciones capaz de impulsar un programa de transformación hoy más necesario que nunca.

Conviene no olvidar las palabras del padre del neoliberalismo y asesor de Pinochet, Milton Friedman: «sólo una crisis, real o percibida, produce un cambio real. Cuando se produce esta crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que hay circulando» A lo que se podría añadir: » …y de la fuerza y ​​la capacidad para llevarlas adelante «.

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