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Las calles no serán siempre vuestras

Nos dirigimos hacia la crisis económica y social más fuerte en Occidente desde la segunda guerra mundial. Muchos hemos querido ver el final del neoliberalismo, pero a medida que pasan los días parece que las medidas tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social se alejan de todo lo que quisiéramos desde sectores de izquierdas y, ni siquiera medidas neokeynesianas serán realmente consideradas.

07/06/2020

La tensión entre orden público y espacio público durante la pandemia

Que todo siga así es la catástrofe

Walter Benjamin

Lo que se derrumba se derrumba, però no puede ser destruído

Tiqqun

  1. ORDEN PÚBLICO

Son días complicados, de acontecimientos a gran velocidad seguidos de manera forzada a través de los medios de comunicación y de redes sociales con una necesaria sensación de angustia. Nos encontramos en una situación de impotencia absoluta, no podemos luchar con las otras, no podemos construir un nosotros. Sólo hay noticias. Es precisamente esta situación la que nos empuja a intentar buscar explicaciones y respuestas inmediatas. Han corrido ríos de tinta de las grandes figuras mediáticas del pensamiento, pero sólo el tiempo nos dirá hasta qué punto éstas son acertadas. En Italia, esto se ha ejemplificado en un debate en torno a los posicionamientos de Giorgio Agamben por su crítica a esta democracia biopolítica. Lo único cierto es que hemos entrado en un túnel y no sabemos cuando vamos a salir ni qué habrá al otro lado. Todos tenemos claro, no obstante, que nos encontramos en un punto de inflexión en la historia reciente. Nos dirigimos hacia la crisis económica y social más fuerte en Occidente desde la segunda guerra mundial. Muchos hemos querido ver el final del neoliberalismo, pero a medida que pasan los días parece que las medidas tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social se alejan de todo lo que quisiéramos desde sectores de izquierdas y, ni siquiera medidas neokeynesianas serán realmente consideradas. Probablemente estamos ante una intensificación de que lo viejo no acaba de morir nunca, así lo advertimos también en el caso español.

El caso es que el Real Decreto del 14 de marzo que declara el estado de alarma ha centrado en sólo cuatro autoridades la gestión de la crisis del coronavirus (interior, defensa, movilidad y sanidad) y, por tanto, comprobamos enseguida por los ministerios escogidos que el único elemento que parece querer proteger el Estado por encima de todo es el control del orden público, sin más. Curiosamente, más allá de la cuestión sanitaria, que es por razones obvias el elemento central de esta crisis, los otros tres ministerios que se priorizan no son aquellos que se encuentran directamente relacionados con la reproducción de la vida como la alimentación, la vivienda o el trabajo, sino tres ámbitos intrínsecamente enlazados a un concepto militarizado y muy controvertido en la historia española: el orden público. No es casual que de estos ministerios dos de ellos, defensa e interior, estén dirigidos por dos magistrados que han hecho carrera en las instituciones centrales del Estado, ni tampoco que la comunicación del gobierno se haya desarrollado sobre todo en ruedas de prensa con hombres uniformados y con medallas. Cuando España se siente en crisis, sólo sabe responder en esta lógica, es su ADN: protección del orden público desde la autoridad y la jerarquía.

Esta misma noción de orden público estaba detrás de la sentencia que condenó a las activistas del movimiento de los indignados (15M) y la sus manifestaciones para rodear el Parlament de Catalunya contra los recortes austericidas (de las que ahora se evidencian los efectos con tanta claridad). También fue para preservar el orden público, cuando el nivel de movilización y de conflictividad se hizo lo suficientemente grande, que se introdujo una nueva ley de protección de la seguridad ciudadana (aquí seguridad ciudadana actúa como sinónimo de orden público) conocida popularmente como ley mordaza. Una ley que en realidad era una forma de criminalizar la disidencia a través del derecho administrativo otorgando un gran poder a la policía sin garantías jurisdiccionales previas para poder multar con hasta 60.000 euros a las que detuvieran desahucios, participaran en manifestaciones o escraches. De hecho, simultáneamente, aquel 2015 se aprobaba en bloque una reforma del corpus represivo que incluía también cambios en el Código Penal en los delitos de desórdenes públicos y terrorismo y en una nueva ley de seguridad nacional. Esta legislación no ha sido modificada por los gobiernos Sánchez, al contrario, ha sido utilizada con todos sus resortes.

De nuevo, es esta noción de orden público la que está en la base de la argumentación jurídica que sostiene la sentencia del Tribunal Supremo contra los presos y presas políticas catalanas, condenados por un delito contra el orden público, la sedición. El mismo orden público que era central en la represión durante la dictadura franquista, por eso el máximo tribunal encargado de castigar la disidencia creado en 1959 llevaba precisamente ese nombre: Tribunal de Orden Público. Un concepto autoritario que pone en el centro la preservación y el funcionamiento de las instituciones por encima de otras consideraciones. Desafortunadamente, nunca se preocupa por proteger el ejercicio de los derechos políticos y civiles, no digamos ya los derechos sociales. Contiene una visión de orden público totalmente ideal y nada material, protege el funcionamiento de las instituciones de manera abstracta sin integrar en el concepto de funcionamiento de las instituciones del ejercicio de derechos fundamentales. Así volvemos a tener un orden público que es entendido como silencio, como mordaza, por entender que el ejercicio de derechos fundamentales no entra dentro de la idea de normalidad. Lo que es funcionamiento normal es el silencio y la ausencia de conflicto y un orden público concebido como garantía del cumplimiento de la ley y el orden social con independencia de su contenido.

Haciendo el salto, mutatis mutandis, a la situación del estado de alarma podemos mostrar nuestra preocupación si el orden público que se pretende proteger es el mero funcionamiento del sistema pero no integramos dentro de este sistema la protección de las condiciones de vida de toda la ciudadanía entendidas como unos mínimos en términos de alimentación, vivienda y trabajo más allá de la evidente cuestión sanitaria. Todos somos conscientes de que nos encontramos ante un virus que se propaga con mucha facilidad y que exacerba aún más las desigualdades sociales propias de nuestras sociedades capitalistas. Por tanto, son necesarias medidas inmunológicas y temporales para prevenir el contagio. También sabemos que todos los gobiernos han cometido errores en la gestión, no pensamos que el gobierno español haya cometido necesariamente más errores que el italiano y, seguramente muchos menos que el británico o el norteamericano. Lo que nos preocupa es la naturaleza de estos errores. Una naturaleza que manifiesta unas tendencias postfascistas preocupantes.

Es postfascista la continuada representación de militares y policías de uniforme a las ruedas de prensa del ejecutivo español, porque ante una crisis sanitaria primero, y económica después, necesita recurrir constantemente al lenguaje bélico (el propio término alarma proviene del italiano all’arme!). Es postfascista la utilización de normativa de orden público en lugar de la normativa sanitaria para hacer implementar el estado de alarma provocado por una pandemia. Hay una ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública pensada para estos contextos y hay una ley general de salud pública de 2011 que incluye incluso un régimen sancionador propio. Sea como sea, con estas normas o incluso generando otras nuevas era posible centrar el debate del confinamiento en una cuestión sanitaria. Por el contrario, utilizar el código penal y la ley mordaza desplaza el foco de protección de la salud colectiva a la protección del ejercicio de la autoridad por parte de los agentes policiales y militares, y sitúa la discusión sancionadora en si se ha obedecido o no lo que han ordenado los agentes y no en si se ha actuado con respeto o no para la salud pública.

Si no hay un problema de orden público, ¿por qué esta operación de policía como diría Agamben? Porque la violencia nos recuerda quién es el soberano, la violencia nos recuerda quién tiene el poder y quién puede asegurar el orden. Y las operaciones de policía son las que en los estados de excepción permiten el mantenimiento del orden, estos estados de excepción que son zonas de indeterminación donde violencia y derecho son intercambiables. Desgraciadamente estos días comprobamos como toda esta estructura estatal se mueve exclusivamente al servicio de los intereses del capital, de su reproducción y de la producción de beneficios, sin tregua posible, aunque ponga en riesgo la vida de más personas. Y lo hace, como es propio de las situaciones de crisis, imponiendo la reterritorialización que asegure la existencia a través del estado nación. Así aparecen siempre los peores aliados del postfascismo, no sólo la militarización y la protección del orden público, también el nacionalismo, el racismo y el patriarcado, los mejores garantes políticos de cualquier explotación. Estado, capital y violencia están todavía íntimamente entrelazados. Esta es la gran lección que el neoliberalismo nos ha recordado.

El decreto de alarma ha instituido una nueva geografía moral donde se reproducen los abusos racistas policiales, donde se legitima aún más el control del espacio público y donde los tribunales de justicia no se sienten interpelados a modificar los regímenes penitenciarios o la situación de prisión provisional (un 30% de los internos de las cárceles españolas) a raíz de la pandemia. El riesgo de reiteración delictiva en hurtos o en conductos menores de tráfico de drogas sigue siendo en estos tiempos argumento judicial para mantener prisión preventiva cuando el espacio público en el que se desarrollaban estos hechos prácticamente ya no existe y lo poco que queda se encuentra profundamente panoptizado. El mundo se derrumba pero hay que mantener personas extranjeras encarceladas aunque no sea por delitos violentos porque hay riesgo de fuga en Marruecos o en Guinea. Y se hace difícil de entender cómo razonan estos jueces, cuando resulta casi imposible huir en un momento de cierre de espacios y de fronteras y sobre todo porque en el marco de una pandemia, nadie abandonará un país del Norte con servicio de salud universal de calidad hacia otro, del Sur, con mucha más precariedad en las instalaciones sanitarias.

Se hace difícil, no obstante, imaginar reacciones diferentes en la comprensión judicial del fenómeno penitenciario si el máximo órgano jurisdiccional penal español, el Tribunal Supremo, como ha hecho estas últimas semanas, amenaza públicamente de imputar por prevaricación a los profesionales de los centros penitenciarios que informen favorablemente a la salida de las cárceles para confinamiento domiciliario de los presos y presas políticas catalanas. Cristaliza en este gesto toda la topografía del sistema judicial cuando se superponen la alteridad siempre presente en relación a la marginalidad penitenciaria y la que se desarrolla desde las instituciones estatales en relación al movimiento independentista. Aquí tenemos la prisión como garantía siempre efectiva del orden público entendido a la vez como garantía del orden político y como garantía del orden social.

  1. ESPACIO PÚBLICO

Por eso da tanto miedo este régimen del 78 acelerado por el decreto de alarma. Las preguntas que tenemos que empezar a hacernos son si cuando se haya terminado la emergencia sanitaria podremos recuperar el espacio público, si cuando se haya terminado la emergencia estaremos en gestión que hace el poder de este espacio o habremos ido atrás, y en la gestión del post, con la recesión económica profunda que habrá, si las leyes que se aprobarán irán destinadas a garantizar las condiciones de vida de la mayoría o sólo la pervivencia del sistema y el capital implementando medidas de la doctrina del shock. Es en el espacio público donde nos encontramos conjuntamente, donde aprendemos colectivamente, donde podemos construir un nosotros. Sin espacio público, ni ágora, ni asamblea sólo somos consumidores o productores y cualquier esperanza de un futuro colectivo mejor desvanece. Estos días, mientras construimos la salida del túnel del estado de alarma, está en juego que este demos continúe existiendo y por ello tenemos que hacer frente a la normalización de este orden público de excepción.

La situación actual nos debe hacer reflexionar sobre cómo entendemos el espacio público y cómo le damos valor en todos los términos sociales, personales, políticos, culturales… En nuestra mirada, hay un debate sobre cómo sin espacio público nos quedamos sin espacio de lucha, sin espacio de protesta y de antagonismo con el poder establecido. El espacio público es el escenario donde se manifiesta el conflicto social. Sin espacio público no hay esperanza de revolución. Ahora no la hemos perdido totalmente, pero hemos quedado muy debilitados. Nos quedan los balcones y nos quedan las redes, pero esto es poco o muy poco en la forma con la que hasta hoy hemos entendido la acción política. Ha habido una desaparición casi absoluta del derecho de reunión y manifestación con una suspensión sin fecha de caducidad. Precisamente, en un momento en el que se están tomando las decisiones más trascendentales para los próximos diez o quince años bajo una marcada línea neoliberal. Estamos asistiendo a la manifestación más clara de cómo el estado es una máquina de guerra del capital. Bajo el gobierno más ‘progresista’ de la historia, las mismas viejas recetas que no cuestionan el orden social: que la economía continúe funcionando (para quién y para qué están fuera del orden del discurso), que la administración continúe trabajando y que la policía haga su trabajo. Toda la política es económica. Y el resto, como todo lo que es colectivo pero que no es productivo, como la cultura, como la comunidad, como la revuelta… queda prohibido y bajo control. No se trata, evidentemente de cuestionar la necesidad de fórmulas de confinamiento y de protección contra la pandemia, sino de recordar que también en este contexto tenemos que poder desarrollar los aspectos que no son mera producción y consumo económico.

Además la solución del control del espacio público, en nuestro caso, ya la conocemos, una propuesta restrictiva al máximo por parte del gobierno y totalmente blindada por jueces y tribunales. Ha sido especialmente gráfica, por ejemplo, la forma en que los tribunales han acabado resolviendo la cuestión sobre el derecho a manifestación en tiempos de coronavirus. Las autoridades gubernativas han denegado todas las comunicaciones de manifestación (en Catalunya, contra los presupuestos y para el 1 de mayo), los tribunales ordinarios después han confirmado mayoritariamente las prohibiciones y finalmente el Tribunal Constitucional ha establecido como criterio la tarde del 30 de abril que el derecho de protesta debía ser sacrificado -más allá de las imaginativas propuestas- para proteger la salud pública. Y todo ello cuando el Tribunal Constitucional alemán, aquel sistema jurídico que representa que nutre nuestro derecho público, ya el 15 de abril había hecho el análisis absolutamente inverso. Por lo tanto, nuevamente las tres notas que se reiterando: unas autoridades que actúan de forma autoritaria contra el derecho a la protesta, unos tribunales que no tutelan los derechos de la ciudadanía y un Tribunal Constitucional que actúa siempre como candado del régimen en la fórmula más regresiva posible.

III. SUPERAR LA SOLEDAD INDIVIDUALISTA DEL RÉGIMEN

La gestión militar evidencia cuestiones relativas al ADN de España y del régimen del 78 y cosas que ya sabemos y no hay que repetir. Pero, ¿cuál es la fórmula correcta de gestión de los desastres? Sabemos que el ejército no es la solución ni la propuesta de nada, no los queremos ni con mascarilla ni sin y lo que queremos es que nos entreguen todos los recursos materiales que tengan y que marchen de aquí. Ahora bien, la gestión de pandemia del Covid19 y sus actores (protección civil, bomberos, policía) en relación por ejemplo con el temporal Gloria hace sólo unos meses nos pone sobre la mesa que todo esto está por profundizar y definir. Desde nuestra cultura política, habría que trabajar y formalizar más las redes de ayuda mutua y quizás habría que intentar integrarse en estas estructuras desde una lógica popular, en una especie de una nueva ola de CDR contra la crisis. Una lógica que vaya desde el sindicalismo social o de barrio (es decir, que trabaje las necesidades materiales de vivienda, laborales, patriarcales o racistas), pero a la hora que sea capaz de construir poder popular que no sea únicamente reactivo a los destrozos de las múltiples crisis que padecemos. Poder popular para plantear también un horizonte comunista (Jodi Dean) y de ruptura democrática y nacional. Es la única manera de disputarle a la policía parte de la gestión de la crisis, y de establecer las bases para empezar a sustituir unos actores como Cruz Roja y Cáritas que, nutridos con los recursos de todos, ejercen un papel nada empoderador. En este marco hay un espacio de debate importante e imprescindible en el que nosotros tenemos que tener una propuesta política que sirva también para hacer política durante el desastre.

Porque si renunciamos a nuestro proyecto político partisano y la improbable revolución que ensayamos desde hace años sólo habrá neoliberalismo y capitalismo financiero. Y ya sabemos qué es y cómo se construye este proyecto político. Desde Pinochet a Bolsonaro, desde la Thatcher a Trump quieren un estado fuerte para destruir disidencias y para construir mercados. El suyo es un proyecto al servicio de la explotación y de la desposesión que requiere altas dosis de violencia. El camino del neoliberalismo está asfaltado de patriarcado, racismo y nacionalismo de estado. La unidad que las crisis sociales niegan se fabrica con nacionalismo de estado. Por eso la España postfascista necesita estados de alarma y excepción permanentes que pacifiquen las relaciones sociales continuamente, para poder tomar las decisiones «técnicas» que aseguran el derecho a enriquecerse y que generan el sufrimiento colectivo de la mayoría. A cada nueva crisis, de nuevo el estado y el derecho para ocultar las decisiones políticas. Si en la anterior crisis usaron el derecho para garantizar la deuda gracias al artículo 135 CE, que ahora no nos roben el derecho a protestar. Ni todas éramos responsables de aquella crisis, ni estamos juntas en la pandemia.

Por eso al final está la represión. La excepcionalidad es permanente, la crisis es la norma. La crisis desde la óptica judicial / legal demuestra la presencia permanente en nuestras instituciones de la protección del orden público como clave de bóveda de todo lo que pasa en la discusión ciudadano-estado / poder establecido. Pasó con la sentencia del procés (condena por delito contra el orden público), pasó con los procesados ​​por las protestas por la sentencia del procés (detenidos y acusados ​​en los juicios que ahora vendrán por delitos de desórdenes públicos) y parece que puede ser el caballo de batalla en los próximos meses en la gestión de la crisis y también en la gestión de las posibles protestas que puedan venir en la profundización de desigualdades generadas por la crisis económica que sigue. El orden público es, en definitiva, el orden político del 78 y también es orden social y económico. Es decir, este orden político está cargado de desigualdades económicas, sociales, de género, raciales y nacionales y, por ello, es tan importante mantener un espacio público pacificado. Un espacio público pacificado que borre el rastro de la miseria y desigualdad generalizada.

En la película La trinchera infinita (2019), un alcalde republicano pasa más de treinta años escondido en casa por sentido de supervivencia para evitar la represión franquista. Esta decisión, que se ve absolutamente justificada y necesaria en el momento en que se adopta, es revisada hacia el final del cautiverio en una fuerte discusión con su hijo: ¿vale la pena vivir solo y cerrado? ¿No hubiera sido mejor la pena asumir el riesgo y luchar? Las distancias temporales y de naturaleza de conflicto son más que evidentes, faltaría más. Tampoco se trata de dar cueva al discurso de los trumpistas y de VOX, que, como buena expresión de la extrema derecha, no es más que la versión radical de poner el funcionamiento del capitalismo por encima de todo. Nuestra reflexión va en el sentido exactamente contrario, se trata de, manteniendo todo lo imprescindible para la lucha contra el virus, construir diques para evitar los daños colaterales. No podemos resignarnos a vivir la crisis desde la soledad individual delegando en el régimen del 78 la toma de todas las decisiones. Entre el virus y el régimen, hay que construir un nosotros que mantenga vivo el sujeto colectivo en todas sus manifestaciones políticas, sociales y culturales, un nosotros que sólo puede ser de lucha conjunta y por tanto, de riesgo. Porque ya sabemos que las condiciones materiales que se están construyendo son las que posibilitan de mejor manera la reproducción y mantenimiento del sistema de consumidores-productores, y no las nuestras. Quizás una de las oportunidades que nos dará este estado de alarma es la visualización del auténtico significado del mantenimiento del statu quo como orden que no es sólo público sino sobre todo orden político y orden social. En cualquier caso, que la presencia del virus y la necesidad de superarlo no nos haga perder de vista el bosque -o más bien la selva- en que vivimos y la necesidad de arriesgar hasta donde sea posible para dar la vuelta a las condiciones materiales para construir un futuro, sin virus pero también sin injusticia.

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