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¿Quién sostiene la vida? El trabajo en tiempo del coronavirus

Se habla de factores de vulnerabilidad física —personas mayores y con problemas respiratorios o inmunodeficiencias— pero vemos sobre el terreno que la estructura social y económica también determina sus víctimas al repartir las cargas de trabajo o sobreexposición de forma desigual. La pobreza es un factor de riesgo decisivo en la pandemia.

07/06/2020

Durante la crisis del coronavirus hemos podido ver quien sostiene realmente la vida. Trabajadoras del hogar y del cuidado, profesionales de los servicios sociales y entidades del tercer sector, cajeras de supermercado y tiendas de alimentación, equipos de limpieza de todo tipo de espacios, auxiliares de farmacia, maestros profundamente añorados por las familias confinadas y, sobre todo, personal de una sanidad brutalmente recortada que ha puesto su cuerpo desprotegido en primera línea de fuego. También hemos comprobado que las personas que nos han mantenido con vida son, en general, las que tienen los salarios más bajos y las condiciones de trabajo más precarias. La mayoría, además, son mujeres.

La pandemia de la covid-19 ha impactado de forma inesperada en nuestras vidas, pero no ha afectado a todos por igual. Se habla de factores de vulnerabilidad física —personas mayores y con problemas respiratorios o inmunodeficiencias— pero vemos sobre el terreno que la estructura social y económica también determina sus víctimas al repartir las cargas de trabajo o sobreexposición de forma desigual. La pobreza es un factor de riesgo decisivo en la pandemia.

El género también es clave en el impacto de esta crisis, dado que el trabajo doméstico y de cuidados recae especialmente en las mujeres (dedican casi dos horas más al día que los hombres) debido a que una gran parte de estos servicios esenciales que han estado al frente de la pandemia están ocupados por ellas (aproximadamente el 70% del personal sanitario son mujeres). La crisis del coronavirus ha demostrado qué trabajos son esenciales para sostener la vida.

A los factores de clase y género se añade el origen: la inmigración, sobre todo en situación irregular, debe sufrir las situaciones de explotación laboral más duras. Una economía sumergida que daba mala vida a mucha gente y que con la crisis sanitaria se ha visibilizado como uno de los sectores en situación de emergencia social más grave. Basta con echar un vistazo a las historias de las personas que trabajan en el campo, que nos trasladan directamente a los tiempos de la esclavitud.

Desigualdades sociales y también en el contagio

A menudo, son necesarias las miradas externas para abrir los ojos a la vulnerabilidad en nuestro país. Philip Aston, relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, nos alertó en su visita el pasado febrero que la situación de pobreza y desempleo de España se encuentra «entre las peores de la Unión Europea». Y afirmó que esta realidad es resultado de una opción política concreta. Su estancia tuvo lugar antes de la irrupción de la covid-19 en nuestras vidas. Ahora la situación ha ido a peor.

Los datos muestran que la pobreza y la precariedad han provocado más contagios y muertes entre la población más vulnerable, del Reino Unido a Estados Unidos o Brasil. Y Barcelona parece que aplica el patrón: los barrios con menos renta, como Les Roquetes y La Guineueta (Nou Barris), son los más afectados por los contagios, mientras entornos privilegiados como Sarrià y Pedralbes están entre los menos perjudicados. Según los primeros datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), la incidencia del virus en las zonas más ricas es un 26% más baja que en otras menos privilegiadas. La precariedad en la vivienda, el trabajo y las condiciones de vida incrementan la propagación del virus. El nivel socioeconómico es, una vez más, determinante en términos de salud pública.

Y es que los barrios pobres se mueven más que los ricos en el confinamiento. Esto también lo apunta un estudio elaborado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en colaboración con la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Los datos demuestran que los vecinos de zonas más humildes utilizan el metro y el tren el triple de veces que los de las más ricas. La falta de transporte privado y la imposibilidad de quedarse en casa por el tipo de trabajo expone más a las personas en situación menos acomodada.

Pero, además de la salud, el impacto que más cantidad de trabajadoras y trabajadores sufrirán será el económico. Despidos, suspensión de empleo o no contrataciones de temporada son algunas de las consecuencias que se han dado desde las primeras semanas de la declaración del Estado de Alarma.

La destrucción de ocupación, la otra pandemia

En dos meses, el mercado laboral ha retrocedido una década en cuanto a paro y  destrucción de empleo. La crisis económica que ha derivado de la sanitaria ya se puede calificar de histórica. Según todos los organismos internacionales, será más aguda, profunda y destructiva que la anterior. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de «catástrofe» y pronostica que se perderán 3,5 millones de puestos de trabajo en el estado español. Se hace difícil hablar de volver a la normalidad ante estas perspectivas, y más si la anterior «normalidad» ya era precaria para grandes capas de la sociedad (uno de cada diez trabajadores ya era pobre un año antes del Covid-19).

Las estadísticas confirman, de momento, esta tendencia. La Seguridad Social identifica 822.979 empleos destruidos sólo en la segunda parte del mes de marzo. Está claro, pues, que el proceso de recuperación del empleo destruido en la anterior crisis se ha truncado antes de que se completara como definitivo. Paralelamente, más de cuatro millones de trabajadores están afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en todo el Estado, de los cuales más de 700.000 son de empresas situadas en Catalunya, según datos de inicios del mes de mayo.

Los sectores más precarios: llueve sobre mojado

Si ponemos la lupa en los márgenes del mundo del trabajo, comprobamos que se han quedado por el camino miles de trabajadores temporales, autónomos de todo tipo y muchísima economía sumergida que sigue existiendo aunque no se hable de ella. Y no hay perspectivas de que la situación mejore a corto plazo, sino al contrario. Hay colectivos concretos especialmente contra las cuerdas, como las trabajadoras del hogar y el cuidado, históricamente olvidadas y desprotegidas, o personas migradas en situación irregular, que ni existen en las estadísticas, se quedan sin ingresos y no pueden acogerse a ningún tipo de ayuda o prestación. Sindicatos, entidades sociales e incluso el Defensor del Pueblo han alertado de estas realidades situadas en los márgenes y el Gobierno ha impulsado algunas medidas de apoyo.

Ha tenido que llegar una pandemia para visibilizar la precariedad laboral de muchas personas que el sistema ya había incorporado como parte natural del paisaje. Y ahora se hace tan evidente la situación que no se puede mirar hacia otro lado. Desgraciadamente, de momento las medidas son tan tímidas y llegan tan tarde que requerirán de mucha más contundencia.

Sectores más protegidos como la industria, con niveles de sindicación impensables en otros sectores, también se encuentran ante esta crisis: un panorama industrial que, fruto de la competencia global y la desregulación de derechos, ya se sabía débil. El incierto futuro de la empresa Nissan ha empujado a la plantilla a una huelga indefinida para defender sus puestos de trabajo. Nissan ya ha aplicado un ERTE en todas las plantas catalanas, pero su cierre significaría la pérdida de 3.000 puestos de trabajo directos más otros 25.000 indirectos.

Proteccionismo versus “doctrina del shock

La pandemia muestra la baja calidad de la ocupación española y la necesidad de apostar por otros sectores más allá del turismo. La crisis económica derivada de la sanitaria ha paralizado una economía basada en los servicios que tendrá muy difícil resistir hasta el retorno a la actividad, a pesar de la gran inyección de recursos en forma de ayudas de urgencia por parte del Estado. Además, los recortes de derechos laborales y la precarización que han acompañado las recetas neoliberales ante la anterior crisis aún pesan sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Como afirma Rafael Borràs, el mercado laboral post-2008 se ha caracterizado por tres componentes: la extrema inseguridad y los bajos salarios, la «deslaboralización» con los denominados falsos autónomos, y una mayor fragmentación que ha crecido con externalizaciones y que también supone una mayor debilidad sindical. Así, “en los años que van desde el inicio de la crisis anterior hasta la declaración del estado de alarma se ha transitado de las políticas de precarización laboral y devaluación salarial a hacer de estas políticas el horizonte. Todo ello nos sitúa en un panorama laboral precarizado como nunca. Es decir, con un exitoso índice de vulnerabilidad social de las personas asalariadas y con el indicador AROPE por encima del 26%. En esta situación se tendrá que afrontar la crisis sociolaboral provocada por la covid-19” [1].

Como en el resto de Europa, la batería de medidas impulsadas por el Gobierno español ha intentado dar respuesta a las realidades más urgentes a corto plazo. Se ha intentado salvaguardar el empleo con más flexibilidad y promoviendo los ERTE en lugar de los despidos, se ha extendido la protección social a más colectivos precarios y vulnerables, se han puesto mecanismos de liquidez para que las empresas tengan oxígeno y se ha intentado proteger el trabajo autónomo. Se ha desarrollado sobre la marcha normativa laboral de excepción con buenas intenciones ( «no dejaremos a nadie atrás», anuncia en su momento Pedro Sánchez) pero que parte de unas reglas del juego y un panorama que ya eran muy desfavorables para los sectores más desprotegidos antes de la irrupción de la covid-19.

Estamos lejos de la «doctrina del shock» y la austeridad aplicadas frente a la anterior crisis, las consecuencias aún las padecemos. Sin embargo, sindicatos y economistas alertan que las medidas no servirán para el largo plazo y que, de momento, los platos rotos los seguirán pagando los de siempre: la población trabajadora, y especialmente la más precaria integrada por inmigrantes, autónomos, temporales, mujeres y jóvenes. La elevada temporalidad y la baja calidad del empleo hará más difícil frenar el impacto económico y social de la pandemia. Además, el coste de las medidas recae sobre las arcas del Estado (que también somos nosotros) y se sigue sin tocar el sistema fiscal y el mundo financiero. Mientras tanto, la patronal hace su tradicional papel: pide aún más flexibilidad y facilidades para despedir.

En este contexto, el pasado mes de marzo algunos movimientos y organizaciones sociales reivindicaron un plan de choque social con medidas extraordinarias entre las que se encuentran no permitir ningún despido durante el estado la alarma, la regularización urgente de las personas migradas y una renta básica de cuarentena universal e incondicional. También hemos asistido a la irrupción del debate dentro del Gobierno PSOE-Unidas Podemos sobre la derogación total o parcial de una reforma laboral que ha devastado derechos de las clases populares. Ojalá pase pronto lo mismo con la segregacionista Ley de Extranjería.

Democratizar el trabajo y poner la vida en el centro

Han sido muchas las aportaciones para construir una economía del bien común, una economía sin discriminaciones de clase o género, una economía al servicio de la vida, una economía que revierta la situación de emergencia climática con nuevas formas de producción y consumo. La perspectiva ecofeminista nos ha proporcionado muchas claves para mirar al futuro con esperanza, y la economía social y solidaria nos está dando ejemplos en tiempo presente de cómo hacerlo.

Con la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 se ha puesto de manifiesto la importancia de planificar la economía en función de las necesidades vitales y el bienestar del conjunto de la sociedad. Para realmente no dejar a nadie atrás. Como apunta Georgina Monge, «la crisis económica y de cuidados es anterior al estallido de esta crisis sanitaria». Se trata de una crisis sistémica para no poner en el centro y socializar los trabajos de reproducción social. Y con el impacto de la pandemia hemos visto que esta forma de organizar los trabajos y la economía pasan factura. «Hay que poner en valor todas las tareas de reproducción social», añade Monge, «y reconocer la centralidad que tienen en la creación y reproducción de vida y de bienestar entre las personas. Y para ello, es necesario socializar, nacionalizar, planificar y dotar de inversión todos los trabajos que tienen que ver con la producción y reproducción de vida”[2].

Una planificación económica democrática para situar la vida en el centro también debe reforzar el rol de los gobiernos locales, por su proximidad y capacidad de respuesta. La irrupción de un nuevo municipalismo, activo en redes globales y que asume retos con creatividad, es una muestra de este camino tan necesario y donde Barcelona está jugando un papel de referencia. La conexión local-global de la que ya se hablaba en tiempos del movimiento tercermundista es más vigente que nunca. Un ejemplo de esta articulación mundial es la propuesta de la  Internacional Progresista que, con múltiples voces relevantes como Noam Chomsky o Naomi Klein, realiza un llamamiento a forjar solidaridades entre movimientos y fuerzas progresistas del mundo.

Para acabar con el reparto desigual de la riqueza y de la miseria se debe democratizar profundamente la economía, y esto sólo es posible superando las lógicas el capitalismo salvaje y el patriarcado. Crisis como esta de la covid-19 vuelven a poner sobre la mesa esta agenda pendiente y la idea de que salir adelante no será nada fácil. Pero más difícil será hacerlo con un marco legal que sigue sin tocar el sistema financiero y los intereses de las grandes empresas.


[1] Borràs, Rafael (2020) “Analitzar l’avui per repensar el demà de l’ocupació post-Covid-19” a Barcelona Societat, p. 56.

[2] Monge, Georgina (2020) “Una mirada feminista a la Covid19” a Catarsi Magazin

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