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Soberanías, naciones y Estado: manual de uso

Los grandes conceptos del debate público están vinculados, por norma general, en el siglo XX. Muchas veces, sin embargo, el origen de estos conceptos y referentes hunde sus raíces en el siglo XIX, sobre el que planea un notable desconocimiento.

Historiador
18/09/2020

Xavier Domènech, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017), Barcelona, Península, 2020.

Pocos temas han ocupado la agenda mediática catalana y española en los últimos años como lo ha hecho la cuestión catalana. Al mismo tiempo, pocas veces se ha intentado analizar más allá del contexto -temporal y geográfico- inmediato. Un haz de naciones es una tentativa de hacerlo, en un doble sentido. Por un lado, inscribiéndose en un proceso más amplio, global, de pérdida de control de nuestro destino, iniciado en los años setenta del siglo XX y acentuado a raíz de la gestión de la crisis de 2008. Proceso que, en algunos casos, se mezcla con -o toma la forma de- cuestiones nacionales irresueltas, que se influyen mutuamente a escala internacional. Por otra parte, y esta es la línea principal que sigue el libro, analizando la actual crisis territorial -marcada por las tensiones plurinacionales, pero no únicamente- a través de una mirada de largo alcance, centrada en la relación entre Estado, soberanías y nación -o naciones- desde el nacimiento del Estado liberal capitalista en España, hacia los años treinta del siglo XIX, hasta la fecha.

Fue en el catalanismo, donde hubo inicialmente una mayor conciencia de la existencia de varias naciones dentro de España

Los grandes conceptos y referentes históricos que aparecen recurrentemente en el debate público están vinculados, por norma general, en el siglo XX. Muchas veces, sin embargo, el origen de estos conceptos y referentes hunde sus raíces en el siglo XIX, sobre el que planea un notable desconocimiento. Es por eso que las páginas más instructivas -y, al mismo tiempo, probablemente también las más sugestivas- del libro de Xavier Domènech son las dedicadas precisamente a este siglo. De entrada, sirven para enmendar algunos de los grandes equívocos sobre la historia española del periodo, como la pretendida inexistencia de un modelo capitalista propio o el supuesto fracaso de la revolución burguesa en España, entendida como sinónimo de revolución industrial. Asimismo, son de gran utilidad para deshacer la confusión habitual entre liberalismo, capitalismo y democracia, entendidos como fenómenos entrelazados: si bien el arraigo del capitalismo en el primer tercio del siglo XIX sí estuvo indisolublemente ligado al Estado liberal en el conjunto de Europa, este Estado distaba de ser democrático. Al contrario: era heredero del Estado napoleónico, no de la Revolución Francesa. En este sentido, la equiparación que, desde el liberalismo o el conservadurismo, se hace tan a menudo entre capitalismo y democracia no deja de ser, como mínimo, poco informada.

Lo que sí que acompañó el Estado liberal capitalista desde los inicios fue, en cambio, el centralismo, que era, de hecho, el reverso. Si bien el Estado liberal nació asumiendo la perspectiva del nacionalismo cívico, a partir de las revoluciones de 1848 y de la amplia difusión del principio de las nacionalidades que las acompañó, se impuso una nueva concepción: la del estado-nación. Esta noción tuvo consecuencias devastadoras, ya que se derivó la necesidad de nacionalizar poblaciones casi siempre muy diversas culturalmente, lingüísticamente y en cuanto a los sentimientos de pertenencia. En el caso español, esto se hizo a partir de una mímesis entre lengua castellana y españolidad. Y fue precisamente el inicio de este proceso el que hizo emerger la posibilidad primero, y después la realidad, de la construcción de una nación alternativa en Cataluña, el País Vasco y, algo más tarde, en Galicia. Un camino que se aceleró tras el fin del Sexenio Democrático, que significó, también, el fin del intento de articular una nación política española que integrara la heterogeneidad del país y reconociera soberanías diversas.

Pero antes de que eso ocurriera, otra corriente político había tomado conciencia plena y asumido la defensa de la diversidad peninsular: el republicanismo. Una asunción que es previa a cualquier formulación en términos de diversidad nacional, que, como tal, sólo se daría en el último tercio del XIX. Son buena muestra las «provincias […] que fueron poco ha reinos Independientes» de las que hablaba Abdó Terrades (1840), que Pi y Margall haría evolucionar -en Las nacionalidades (1877) – en «regiones que, en su día, fueron naciones «. Es, pues, en el republicanismo, más que en el catalanismo, donde hay inicialmente una mayor conciencia de la existencia de varias naciones dentro de España. Incluso en formulaciones muy tempranas, como la del dirigente republicano de Figueres Juan Bautista Guardiola, que durante la revolución de 1854, en el contexto de un posible debate constituyente, planteaba que «España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación, sino un haz de naciones «.

Domènech subraya que muchos de los que dicen defender el federalismo hoy obvian que este partía de la defensa de la soberanía de las partes, no únicamente de la del conjunto

En esta lectura del republicanismo se encuentra uno de los puntos fuertes del libro. Como también en el análisis de los conceptos de autonomía y autogobierno, surgidos del catalanismo a finales del siglo XIX, y del de soberanía, que deriva de los anteriores. Domènech señala, con respecto embargo, que muchos de los que reivindican hoy el catalanismo y lo contraponen al soberanismo olvidan que, en su origen, el catalanismo era intrínsecamente soberanista, incluso antes de ser nacional, ya que procedía del republicanismo federal. Y subraya, igualmente, que muchos de los que dicen defender el federalismo hoy obvian que este partía de la defensa de la soberanía de las partes, no únicamente de la del conjunto. Todo el libro se puede leer, en realidad, como una clase de historia dirigida a los falsos federalistas, fenómeno de larga tradición, del que ya se lamentaba Valentí Almirall en Lo catalanisme (1886).

Tirando del hilo de la noción de soberanía, son también especialmente pertinentes las páginas sobre -casi se podría decir contra- Hans Kelsen. Padre de la constitución austriaca de 1920, es a él a quien debemos la introducción del tribunal constitucional -concebido como clave de bóveda del ordenamiento jurídico- en las constituciones europeas. Una opción que vinculaba a la idea del ordenamiento jurídico como una esfera autónoma de la política. Autónoma y, en cierto modo, autorreferencial o, como dice Domènech, tautológica, ya que parte de la eliminación del concepto de soberanía o de poder constituyente de la arquitectura institucional. Kelsen pretendía, así, evitar los «deseos de dominio» que asociaba a la soberanía. El problema de su planteamiento -y es por eso que es tautológico- es que obvia el problema del origen, del fundamento del ordenamiento jurídico, ya que el soberano queda subsumido dentro de este ordenamiento.

Domènech contrapone a esta visión la conocida formulación de Carl Schmitt, que, en su Teología política (1922), planteaba en cambio que la soberanía se afirma por encima del derecho, según la conocida fórmula «soberano es quien decide sobre el estado de excepción «. Aunque se podría añadir, yendo más allá, que esta «paradoja de la soberanía» (el soberano se encuentra a la vez dentro y fuera del ordenamiento jurídico) planteada por Schmitt es prima hermana, si bien desde un planteamiento ideológico opuesto, de las reflexiones de Walter Benjamin sobre violencia y poder recogidas en Zur Kritik der Gewalt (1921). Para Benjamin, la violencia tiene una doble función, como fundadora y como conservadora de derecho: la primera legitima la victoria, la segunda impide que se fijen nuevos objetivos. Así pues, la violencia forma parte de manera latente de cualquier institución de derecho.

Avanzando en el siglo XX, la reflexión sobre las implicaciones jurídicas del encaje de Cataluña en el conjunto constitucional español es, en mi opinión, el más interesante de los apartados dedicados a la Segunda República y a la Transición. En ambos casos, la solución para Cataluña acaba convirtiéndose en la pauta que determina la configuración del modelo general de distribución territorial del poder. Además, también en ambos casos, esta solución es previa -al menos en su origen- al pacto constitucional propiamente dicho. Si, con respecto a la Segunda República, el encaje derivaba del Pacto de San Sebastián (1930), durante el cambio político de los años setenta lo hizo el restablecimiento de la Generalitat, único hilo de continuidad con la legalidad republicana de todo el proceso de transición.

En atribuirse la capacidad de dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, el Tribunal Constitucional se situó por encima del poder constituyente, o al menos en competencia con él

Otra de las características que comparten estos dos momentos es, como señala Domènech, la indefinición en el diseño del modelo territorial. Es esto lo que hace que, en el actual contexto, los estatutos de autonomía formen con la Constitución un bloque de constitucionalidad. Así lo entendía la sentencia de 1983 del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, en que se establecía claramente que, como integrantes del bloque de constitucionalidad, los estatutos no podían quedar subordinados a las leyes orgánicas. Casi cuatro décadas después, en atribuirse la capacidad de dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, la sentencia de 2010 hacía una interpretación diametralmente opuesta. El problema no radica sólo, como señalaba Jordi Amat en La confabulación de los irresponsables -con quien, por otra parte, Domènech discrepa en cuanto a la caracterización del proceso-, en la capacidad del Constitucional de revisar a posteriori cualquier ley sometida a referéndum. El problema es también que, dictaminando sobre un estatuto de autonomía pactado entre un parlamento autonómico y el Congreso, el alto tribunal se situó por encima del poder constituyente, o al menos en competencia con él.

Al margen del análisis histórico, que constituye el grueso del libro, sus últimas páginas intentan también esbozar respuestas a «la mayor crisis democrática y territorial de nuestra historia desde el final del franquismo». Se comparta o no con el autor la vía de solución que propone (simplificando: una España plurinacional, federal o confederal, que reconozca el derecho a la independencia de sus naciones), el análisis que hace sobre la viabilidad de las posibles vías de salida -a un lado y al otro del espectro político- resulta difícilmente cuestionable. Destaca, por un lado, y coincidiendo con la advertencia lanzada en más de una ocasión antes de 2017 por Josep Fontana, la constatación de la imposibilidad de materializar cualquier declaración unilateral de independencia si ésta no puede imponerse de manera efectiva sobre un territorio, como ocurre actualmente. Y, por otro, la afirmación de la imposibilidad de las izquierdas españolas de construir mayorías estables sin reconocer la plurinacionalidad. Sea cual sea la vía preferida por el lector, aquí tiene un manual de uso de referencia sobre la cuestión.

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