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Un giro a la izquierda: un debate de país

Estamos en un momento donde se superponen diferentes crisis y donde en nuestro país vivimos una parálisis institucional. Desde Sobiranies creemos que esta situación hay que afrontarla con determinación.

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Estamos en un momento prolongado de bloqueo político, social y cultural. Un momento donde globalmente se superponen diferentes crisis -social, ecológica, sanitaria, económica, democrática, tecnológica, de cuidados- y donde en nuestro país vivimos una parálisis institucional, marcada por la judicialización del conflicto político, y por la falta de un debate estratégico de fondo. En este contexto, el ejercicio del derecho a decidir libremente nuestro futuro y la necesidad de una amnistía que haga posible replantear el debate de nuevo en coordenadas democráticas, están en la base de la apertura de nuevos caminos que se deberán transitar más pronto que tarde.

Pero también vivimos una emergencia de fondo que hay que afrontar con determinación, todavía más en tiempos de irrupción pública, con presencia institucional incluida, de la extrema derecha más peligrosamente desacomplejada. Y entendemos que las transformaciones sociales, económicas y democráticas necesarias para revertir esta emergencia sólo se podrán conseguir a partir de las respuestas de las izquierdas soberanistas catalanas -sociales, políticas y culturales-. Constatado el fracaso sistémico de las recetas del capitalismo neoliberal, sólo desde los valores, propuestas y prácticas de las izquierdas soberanistas, y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores sociales y políticos, podremos dotarnos de mecanismos de protección, fortaleciendo las políticas públicas que pongan la vida y el bienestar de los y las ciudadanas en el centro de la acción política.

Con la voluntad de contribuir a hacer posible esta transformación, desde Sobiranies proponemos un conjunto de propuestas a disposición y debate de la opinión pública.

Una agenda para el primer año de legislatura 

La intensidad de la crisis del 2008 evidenció las debilidades y los desequilibrios de nuestro modelo económico y productivo. La crudeza de los recortes hizo patente la enorme vulnerabilidad política de nuestro estado de bienestar. Años después de la gran recesión, una parte importante del tejido económico seguía concentrado en actividades de poco valor añadido; al tiempo que evidenciaba un declive acelerado del sector industrial haciéndonos enormemente dependientes de regiones donde se abaratan costes laborales y ecológicos, o de países con un mayor desarrollo en I + D + I. Las desigualdades no se habían revertido, la tasa de desempleo seguía doblando la media europea. La dualización del mercado laboral se hacía más profunda: la precariedad se instalaba a los contratos de la gente joven y de las personas con menos calificaciones; la pobreza laboral crecía, mientras al mismo tiempo el deterioro de las condiciones de vida empeoraba desproporcionadamente la situación de las mujeres, especialmente afectadas por las políticas de recortes (como trabajadoras y como usuarias de los servicios del Estado del bienestar) y por la paralización o directamente desmantelamiento de avances en igualdad alcanzados en la década de 2000. No se producía tampoco, en el ciclo más reciente, una reducción de la tasa de pobreza, con una distribución muy asimétrica entre colectivos. Cabe destacar la elevada pobreza infantil y entre la población de origen migrante. Y finalmente la cronificación de la vulnerabilidad habitacional, con la transferencia de la burbuja inmobiliaria en alquiler (sin políticas de control público de precios), así como la ampliación de la segregación urbana, con muchos barrios en situación de fragilidad. La crisis de la Covid-19 agudiza todo esto. Sus impactos sociales dibujan una sociedad más polarizada y fragmentada, con más riesgos de exclusión. La pandemia, por otra parte, no es ajena a las dinámicas de la emergencia ecológica, con todas las señales de alerta encendidas en cuanto al agotamiento de un modelo insostenible.

Más allá de las crisis, estamos atravesando un tiempo de cambios generadores de nuevas incertidumbres y vulnerabilidades, sin prácticamente elementos de respuesta en las agendas públicas tradicionales. Se generan nuevas tensiones en la organización patriarcal de los cuidados, ya de por sí sostenida fundamentalmente por las mujeres y especialmente las mujeres migrantes y de clase trabajadora; se desencadenan el cambio demográfico y la transición a una sociedad con mayor diversidad. Irrumpe la financiarización de la vivienda, con sus impactos de gentrificación y segregación; o la digitalización, con sus diferentes formas de capitalismo de plataforma. Las privatizaciones de sectores estratégicos y la captura del regulador parte de multinacionales devalúan el acceso a bienes de primera necesidad a la ciudadanía y de materias primas en el tejido productivo. Se intensifican los riesgos ambientales socialmente producidos: contaminación, reducción de la biodiversidad, cambio climático. Entre estas transformaciones y las políticas públicas que heredamos del siglo XX se abre un abismo, un desencaje de época. Necesitamos repensar la agenda de transformación: más allá de la denuncia del neoliberalismo, más allá también del estatismo clásico. El cambio de época implica una nueva gramática de emancipación. Y más ahora, con un virus que nos amenaza la salud y la vida, que nos ha hecho conscientes, de golpe, de nuestra fragilidad. La Covid-19 nos sitúa, como sociedad, frente al espejo de nuestros desbarajustes colectivos y nos emplaza a buscar (y forjar) ventanas de futuro compartido. Se trata de explorar caminos de cooperación y renta básica, de reconocer la naturaleza esencial de los cuidados y el carácter inaplazable de la transición ecológica, de revertir el declive de la fraternidad e impulsar la construcción del común. Se trata de hacerlo desde la deliberación democrática y la gramática política de lo cotidiano, desde proximidades empoderadas y la batalla por Europa.

Los retos y las oportunidades que este mundo cambiante presenta nos obligan a actuar conjuntamente desde las políticas públicas y las prácticas sociales. Surge un nuevo entramado de complejidades y asimetrías. Se abren espacios potenciales donde configurar nuevos proyectos vitales y compartidos. Son muchas las dimensiones donde podemos identificar tensiones y grietas en el tejido colectivo, donde podemos (y debemos) dibujar, también, horizontes de esperanza postcovid. Los desafíos son grandiosos. La Cataluña del siglo XXI merece una respuesta urgente y sólida por parte de las instituciones de autogobierno. Se apuntan, a continuación, una quincena de propuestas (leyes, estrategias nacionales, programas …) que deberían llenar de contenido el primer año de la nueva legislatura, y que pueden ser diseñadas e implementadas desde nuestras instituciones de autogobierno. No se trata de un catálogo exhaustivo de medidas gubernamentales y legislativas, sino más bien de puntales de acción que incorporan un cierto componente innovador y / o estratégico.

1 Un Green New Deal en Cataluña

Hacer frente a la emergencia climática y la crisis de biodiversidad son retos inaplazables en Cataluña. Necesitamos cambios institucionales, legislativos, productivos y territoriales sin precedentes en nuestro país, mucho más ambiciosos de los que se han hecho en los últimos años. Para llevarlos a cabo es necesario no sólo un cambio de ritmo, necesitamos una nueva visión, donde las nuevas políticas económicas y territoriales ambientales no se perciban como dificultades o imposiciones sino como un camino por donde transitar hacia un país deseable y alcanzable, y donde nadie -especialmente los colectivos más vulnerables que se vean más afectados por el cambio de rumbo- quede atrás. Debemos pasar de un escenario donde las políticas ambientales se perciben por muchos actores como políticas sectoriales donde se establecen líneas rojas para evitar el deterioro ambiental, a dibujar líneas económicas y territoriales verdes de transición de país. Esta nueva perspectiva requiere puntos de referencia y rutas compartidas, por eso apostamos por hacer un acuerdo verde de país, en el que participen instituciones públicas, actores sociales y empresariales donde se marquen prioridades, objetivos y líneas estratégicas de los mecanismos de actuación necesarios. Asimismo, se hace necesaria una Ley de transición energética. Hay que llevar a cabo un conjunto de modificaciones legislativas que operen sobre las actuales normativas, a fin de revisarlas y darles coherencia con el pacto verde de país. Esta Ley de transición energética debería apostar por la relocalización energética basada en una industria innovadora y en el equilibrio territorial, con modelos de gobernanza más democráticos basados en las comunidades energéticas y el desarrollo local, y finalmente, con los mecanismos de financiación suficientes y eficientes que generen empleos sostenibles.

2 Un pacto por la economía social y por un nuevo modelo productivo 

Las Bases de la Ley catalana de la Economía Social y Solidaria han sido trabajadas con un consenso absoluto para todos los sectores de este ámbito socioeconómico, que conforman la Asociación de Economía Social de Cataluña (AESC): Confederación de Cooperativas de Cataluña, Mutualidades de Previsión Social, Mesa y Confederación del Tercer Sector Social y Red de Economía Solidaria. Por tanto, en la próxima legislatura se debe dar continuidad a estos acuerdos y transformarlos en una legislación que será pionera en España. Así, se debe aprobar la Ley catalana de la Economía Social y Solidaria para reconocer la Economía Social y Solidaria como un ámbito de desarrollo económico específico y diferenciado del sector público-estatal y del sector económico privado mercantil. Formada por miles de iniciativas socioeconómicas que priorizan las personas y la vida, la ESS democratiza todas las fases del ciclo económico, es generadora de bienes y servicios socialmente útiles, y se orienta a la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones de las personas que son miembros, así como las de sus comunidades, por encima del lucro. Además de la Ley de ESS, es necesario impulsar el Pacto Nacional por una Economía para la Vida, formado por todos los agentes sociales, económicos y políticos del país, que oriente la reconstrucción postCOVID19 hacia la soberanía económica, la relocalización, la democratización y la transición ecosocial de la economía catalana. El Pacto debe promover, coproducir y evaluar la construcción de unas nuevas políticas económicas basadas en una Economía Plural Transformadora, que integre la economía pública, la ESS, la economía feminista de cuidados, las economías comunitarias y aquellas economías locales (autónomos, PYMES) que deseen profundizar en su responsabilidad social, laboral y medioambiental. Asimismo, hay que fomentar la creación y atracción de empresas / cooperativas del sector tecnológico que promuevan la soberanía tecnológica, el uso del software libre y la privacidad, así como un uso de la inteligencia artificial con datos éticas, algoritmos e infraestructuras digitales que se alejen de la polarización y promuevan modelos de negocio respetuosos con los derechos laborales y velen por el interés general.

3 La sanidad post-pandemia

El sector sanitario ha sufrido gravemente el impacto de la pandemia. Un impacto agravado por la herencia de un modelo de gestión mixta publico-privada muy costosa en términos económicos y poco sostenible a largo plazo. Apostamos por fomentar un nuevo modelo de gestión sanitaria desde el ámbito público, donde se trabaje a un doble nivel. Por un lado, fortalecer las redes de salud comunitaria y los servicios sanitarios de proximidad, ampliando la cartera de servicios y dotándolos de mayores recursos. Por otra parte, fomentar la investigación médica de alto nivel, y la colaboración interinstitucional entre hospitales, universidades y otros organismos públicos, para asegurar una asistencia médica de primer nivel, y también capacidad reactiva y de coordinación para futuras crisis. Asimismo, el sector sanitario debe garantizar unas condiciones laborales dignas de sus trabajadores, que se alejen de las condiciones de precariedad en las que han sido sometidos especialmente en los últimos diez años.

4 Un sistema nacional de cuidados

La actual crisis ha hecho visible una enorme herida social: la desatención pública de las vulnerabilidades cotidianas, en especial de las personas mayores y de aquellas en situación de aislamiento y soledad. La situación vivida en las residencias durante la pandemia debe poner a todos a trabajar. Se ha hecho patente la debilidad y pésimas condiciones laborales del sector profesional del cuidado, tanto el cuidado formal en residencias, centros de día, y servicios domiciliarios, como la informal que se da por parte de las trabajadoras del hogar. A la vez, se ha visto como en frente de la emergencia sanitaria se ha derivado a las familias el sostenimiento del cuidado cotidiana en personas mayores, niños y personas dependientes, sin apoyos públicos ni herramientas de conciliación, cuyas consecuencias ya estamos viendo de agotamiento y deterioro de las mujeres y de impacto en sus trayectorias laborales. La apuesta por un país inclusivo se hace tangible en el terreno de los cuidados y de los vínculos de solidaridad. Los cuidados, entendidos como todas aquellas actividades y trabajos que, más allá de la atención a la dependencia ya la infancia, son necesarias para que la vida funcione al día a día, deberían tener un nivel de centralidad y garantía en el régimen catalán de bienestar, equivalente al de la educación y la salud. Pero un sistema nacional de cuidados también debería incorporar mecanismos de corresponsabilidad de empresas y administraciones para garantizar cotidianamente el bienestar físico y emocional de las personas. Hay que articular y dotar de rango legal, desde un paradigma de derechos, un sistema nacional de servicios de cuidados de carácter público, universal y de calidad, basado en la proximidad, el empoderamiento personal y la acción comunitaria. Un modelo que supere de forma definitiva los elementos de deshumanización y mercantilización del actual sistema, y que dignifique y dé derechos a las personas que trabajan en él. 

5 La universalización de la educación pública 0-3

La educación infantil 0-3 es clave como etapa de desarrollo personal y socioeducativo; como política predistributiva que aporta condiciones primarias de igualdad; y como estrategia de organización sostenible de los cuidados, con un papel central de los servicios públicos y los bienes comunes. Sobre esta base, resulta prioritario universalizar -a partir de una ley del Parlamento- la etapa inicial de la educación infantil por medio de una red pública de guarderías de calidad y, al mismo tiempo avanzar también hacia formas innovadoras de apoyo a la crianza ya la conciliación que puedan responder a las necesidades múltiples y complejas de la sociedad actual, por lo tanto, todo esto hay que hacerlo en el doble marco de una estrategia diversificada de soportes a la primera infancia y a las familias; y de itinerarios integrados y de proximidad con el resto de etapas de educación infantil y primaria.

6 Plan de choque contra la segregación y el abandono escolar

La pandemia nos ha mostrado el importante el riesgo de que aumente el abandono escolar. Un sistema escolar ya tensado y segregado afronta un nuevo reto con herramientas limitadas. Es necesario elaborar políticas de acompañamiento y apoyo a los niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables para revertir la situación generada por la crisis de la Covidien-19 en el ámbito educativo. Y medidas de carácter estructural para cerrar varias fracturas y desigualdad que se producen dentro del sistema educativo. Concretamente, hay que adoptar medidas de financiación y regulación del sistema educativo con las que revertir los recortes y alcanzar, como mínimo, los objetivos de financiación definidos por la LEC (esto, entre otras cosas, debería permitir reducir ratios profesorado-alumnado y contratar nuevo personal de apoyo para los centros), y favorecer una distribución más equilibrada del alumnado. En relación con esto último, se debería conseguir que todas las escuelas sufragadas con fondos públicos se corresponsabilicen de la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido y con dificultades de aprendizaje. También se debe considerar el ámbito universitario y de la educación superior en este paquete. Una posible vía sería crear una agencia catalana por el derecho a la educación superior que asuma la gestión de las becas y ayudas, con una política activa en materia de transporte y vivienda, y una estrategia para favorecer el acceso a la universidad por encima de barreras de clase y que la elección de los estudios no esté determinada por sesgos de género.

7 Una estrategia nacional contra la pobreza infantil

Uno de cada cuatro niños y adolescentes de Cataluña vive en hogares en situación de pobreza. Esta realidad vulnera los derechos humanos de la infancia, y reproduce la desigualdad de expectativas vitales. Se debe revertir de forma urgente. Se deben generar las condiciones materiales y emocionales garantizadoras de un desarrollo personal digno a lo largo de toda la vida. Habría por tanto una estrategia de superación de la pobreza infantil que incorpore, por un lado, múltiples ámbitos de acción (ingresos de los hogares, alimentación, educación, brecha digital, ocio…) con especial incidencia en las familias monoparentales, que concentran una parte importante de la infancia en riesgo de pobreza y, por otro lado, la movilización de una amplia red de instituciones, actores y recursos.

8 La expansión de la garantía de ingresos: avanzar hacia la Renta Básica

La crisis de la Covid-19 ha incrementado y agudizado la pobreza: personas que viven sin los recursos necesarios para satisfacer con dignidad el conjunto de necesidades básicas. Hay que avanzar con firmeza hacia la seguridad en el ingreso a lo largo de toda la vida, hacia la garantía pública de las condiciones materiales de existencia, y que esto vaya acompañado de una ampliación de la protección social a personas que viven en la informalidad (en cuanto a contrato) y sobre todo a las personas migrantes en situación irregular. Tenemos un reto de país y una deuda con un porcentaje muy importante de la población que queda al margen del sistema de beneficios y ayudas sociales. Se constatan hoy, por un lado, limitaciones importantes de carácter sustantivo en la RGC y el IMV; y, por otra parte, problemas de falta de complementariedad y desconexión entre los dos instrumentos. Falta, por lo tanto, una nueva ley del Parlamento que integre las herramientas de garantía de ingresos; que amplíe cobertura e intensidad de protección; y que lo haga en coherencia con los principios de individualidad, incondicionalidad y universalidad que sustentan la Renta Básica. Hace falta primero un reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho a los que ahora no lo son y, por tanto, establecer mecanismos de acceso a la protección pública, empezando por el empadronamiento.

9 Una nueva Ley de Barrios: la herramienta para superar segregaciones y fortalecer comunidades

Frente a las dinámicas persistentes y recientemente agravadas de vulnerabilidad urbana y segregación residencial, hay una estrategia nacional de transición hacia barrios inclusivos y sostenibles, donde se haga posible una vida cotidiana no segregada. La herramienta clave debe ser una nueva Ley de Barrios, que articule las dimensiones social, urbana y ecológica, orientada a garantizar la seguridad habitacional, impulsora de procesos de coproducción vecinal y asociativa, de fortalecimiento comunitario. Una ley de barrios como marco de mejora de las condiciones de vida y de los entornos de cotidianidad de la mayoría de la población, acompañada por una estrategia de acción comunitaria que fortalezca las redes vecinales como punto neurálgico desde donde aterricen y se desarrollen las estrategias económicas y educativas destinadas al barrio y su comunidad.

10 Una Cataluña municipalista: la estrategia de fortalecimiento de los poderes locales

El municipalismo ha sido motor de transformación de pueblos y ciudades. Lo ha hecho, sin embargo, en un marco de fuertes precariedades políticas y económicas. Lejos de los niveles de autogobierno y de gestión necesarios para construir un país equilibrado y de alto nivel de desarrollo humano. Las últimas crisis (2008 y Covid-19) han hecho del municipalismo trinchera de derechos básicos y han evidenciado la capacidad de articular respuestas vinculadas al bien común. Hay ahora un salto adelante cualitativo. Articular un modelo vertebrado por el principio de proximidad (subsidiariedad) que sitúe el municipalismo como esfera básica y no subordinada de gobierno. Y blindar el modelo por medio de una nueva Ley de Gobiernos Locales que llene las competencias y la autonomía política; impulse la innovación democrática; fortalezca la financiación; reconozca la heterogeneidad institucional en el territorio; y establezca la elección directa de las instituciones supramunicipales.

11 Finanzas sociales municipales

Si no se toman medidas de cobertura social, la pobreza en Cataluña se incrementará de manera dramática. Una manera de detenerlo es a través de la creación de una red de microfinanzas sociales que esté desplegada por los municipios de Cataluña a partir de una colaboración entre el sector público local y las entidades financieras sociales, que apoye la actividad de personas con riesgo de exclusión social y financiera afectadas por la crisis y/o con dificultades de empleo, de manera que puedan impulsar su actividad y evitar caer en la exclusión. Para que este crédito no se convierta en una maldición en vez de una ayuda, este nuevo modelo deberá estar basado sobre todo en los servicios de acompañamiento y formación enfocados a generar impacto social positivo y medible, haciendo así que el otorgamiento del crédito no sea el motivo principal, sino un elemento de apoyo complementario y no siempre necesario en el proceso de acompañamiento al emprendimiento y/o empleabilidad. El Plan de Recuperación de la UE es una gran oportunidad para poder financiar y desarrollar esta propuesta en Cataluña.

12 Una estrategia de transformación de las administraciones públicas

Habrá que impulsar, con la máxima prioridad, un conjunto de programas que dibujen una administración pública catalana a la altura de los retos del siglo XXI. Se deberá transitar hacia un modelo flexible y responsable, estratégico y creativo, democrático y deliberativo. La administración no es un mero instrumental técnico, debe incorporar los valores que inspiran la construcción de una sociedad libre, igualitaria, diversa y fraterna; debe contribuir a forjar los escenarios colectivos que democráticamente decidimos. En clave interna, la administración pública debe superar esquemas de rigidez vertical y sectorial, y dotarse de flexibilidad, de espacios que nutran la confianza y la responsabilidad. La administración pública debe fomentar mecanismos para que la función pública se parezca a la población y sea ejemplar en términos de equidad, en particular de género, pero también muy especialmente promoviendo la inclusión de personas de origen migrante removiendo obstáculos y desarrollando estrategias activas. La administración pública del siglo XXI debe incorporar la tecnología como medula espinal de su funcionamiento interno, garantizando la aplicación de soluciones tecnológicas basadas en la soberanía tecnológica, el cuidado de la privacidad, la gobernanza publico – comunitaria del software ; soluciones que permitan mejorar su eficiencia y potenciar el trabajo transversal que dé respuesta a los retos y complejidades actuales. Una administración que base su forma de hacer en la cooperación entre administraciones y no en la competencia. En clave externa, deberá articular respuestas a una sociedad compleja y cargada de incertidumbres. Es necesario, por tanto, que sea estratégica y abierta al aprendizaje y al abordaje de retos emergentes. Necesitamos, por último, una administración deliberativa y relacional, con herramientas para incorporar inteligencias colectivas. Una administración que incorpore mecanismos de escucha de las propuestas y problemas de la ciudadanía para articular el diálogo y la cooperación; para activar dinámicas colaborativas entre escalas de gobierno y con la esfera comunitaria.

13 Equidad territorial sostenible

La desigualdad tiene una dimensión geográfica y se expresa sobre el territorio. En este sentido, la exclusión social y la vulnerabilidad no sólo se manifiestan en determinados barrios metropolitanos, que lo hacen, sino que también afectan de forma especialmente significativa en las áreas rurales donde, por otra parte, la estructura de oportunidades para el desarrollo local suele ser más limitada. Entendiendo por Equidad Territorial Sostenible el acceso igualitario, para todos los territorios, a los mismos niveles de renta y de servicios públicos, hay que hacer frente a la problemática -concreta y de consecuencias muy complejas del despoblamiento rural- sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Hay, pues, que aprobar la actual propuesta de Ley de equidad territorial que incorpore un conjunto de medidas de iniciativa pública, privada o comunitaria, orientadas a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de personas que viven en las Áreas rurales de Cataluña, entendidas como aquellas veguerías, comarcas o áreas geográficamente diferenciables que tienen una densidad poblacional inferior a 300 habitantes/Km2.

14 Una reforma tributaria de progreso

Apoyamos el decálogo de medidas propuestas por la «Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria»: 1) Rebajar e igualar el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre sucesiones y donaciones y suprimir las bonificaciones a la cuota. 2) Impuesto sobre Sociedades: activar un impuesto solidario sobre las ganancias de las grandes empresas con resultados extraordinarios en el ejercicio 2020. 3) Consolidar las modificaciones y aumentos hechos en los tramos autonómicos en el IRPF y equiparando la tributación de las rentas del capital a las rentas del trabajo. 4) Subir el IVA para bienes suntuarios mientras se determina el tipo «0» para determinados productos sanitarios y de higiene personal. 5) Creación de una Tasa Covid con tipos impositivos entre el 1% y el 3% a partir de los patrimonios de 1 millón de euros. 6) Doblar el Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito (del 0,03% actual a por lo menos el 0,06%). 7) Tasa Google y Tasa Tobin: Consolidar la actual propuesta de impuestos y acelerar lo antes posible la recaudación de esta tasa. 8) Prohibición de contratación y ayudas públicas a empresas con sedes en paraísos fiscales. 9) Reformar los beneficios fiscales para mejorar la equidad. 10) Aumentar la tributación por una fiscalidad verde.

15 Una apuesta para fortalecer los medios de servicio público y el espacio audiovisual catalán

Impulsar la renovación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y el Consejo del Audiovisual de Cataluña, haciendo efectiva la ley reformada por unanimidad (modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y de la Ley 11 / 2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales). Este proceso, junto con la elección de las direcciones de los medios por concurso público, debe permitir caminar hacia la desgubernamentalización y despolitización de los medios públicos y del regulador, y se deben seguir impulsando acciones para promover un modelo profesionalizado de gobernanza de los medios públicos, entendiéndolos como un tejido que tiene presencia en todo el territorio. También será necesario aprobar el Contrato-programa entre el gobierno y la CCMA, y dotar de estabilidad presupuestaria del ente. Se deberán tomar medidas para dinamizar el sector audiovisual y promover los contenidos locales en las plataformas digitales y en streaming, acompañado de un impulso a las acciones para promover la lengua catalana en este ámbito. Las políticas de comunicación deben tener una vertiente innovadora, dadas las dinámicas de la sociedad conectada y del conocimiento, sin dejar de lado la presencia de medios del tercer sector.

Institut Sobiranies.

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